La alarmante crisis forense que enfrenta México
Las fosas clandestinas en México han generado una crisis forense de dimensiones alarmantes que se extiende por todo el territorio nacional. A la violencia y desapariciones que azotan importantes regiones del país se suma un problema igualmente doloroso para miles de familias mexicanas: la proliferación de enterramientos ilegales donde, aunque no existen cifras oficiales consolidadas, las fiscalías estatales registran más de mil 500 fosas de este tipo. Sin embargo, organizaciones civiles y colectivos de madres buscadoras estiman que la cifra real supera las cuatro mil fosas en todo el país.
Estados con mayor concentración de fosas clandestinas
Durante el período 2023-2024, los estados de Sonora, Guanajuato, Colima y Chihuahua concentraron el mayor número de fosas clandestinas, con un total de 539 entierros ilegales localizados según reportes de las fiscalías estatales. Esta situación refleja la gravedad de un problema que las autoridades no han logrado contener.
Desapariciones: un desastre humanitario en aumento
Las personas desaparecidas en México se han convertido en "un desastre humanitario" que no cede pese a los esfuerzos gubernamentales. En los primeros 200 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024, se registraron 4,010 desapariciones, lo que representa un promedio de 40 personas desaparecidas cada día. Las entidades con mayor número de casos durante este periodo fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa, según un diagnóstico de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas elaborado por Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Contradicciones alarmantes en los datos oficiales
La actualización de esa Plataforma revela un grave subregistro e inconsistencias en la información oficial presentada por las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR). La diferencia en la localización de fosas clandestinas entre ambas instancias alcanza un 1,400% para el período 2023-2024.
Mientras las fiscalías locales reportaron la localización de mil 451 fosas clandestinas, la FGR bajo el mando de Alejandro Gertz Manero informó del descubrimiento de apenas 94 fosas, según las respuestas obtenidas mediante solicitudes de transparencia. Esta abismal diferencia de 1,400% evidencia graves problemas de coordinación y transparencia institucional.
Discrepancias en cuerpos y restos exhumados
Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, aseguró que las discrepancias no se limitan al número de fosas, sino que también se observan en la cantidad de cuerpos y restos exhumados. Los medios de comunicación reportaron 2,017 cuerpos y 2,719 restos óseos recuperados entre 2023 y 2024, incluyendo 536 hombres y 156 mujeres identificados. En contraste, las fiscalías estatales informaron sobre 1,616 cuerpos localizados, es decir, 400 cuerpos menos que lo reportado por la prensa.
La magnitud de la tragedia: más de 133,000 desaparecidos
Hasta el 3 de septiembre de 2025, México registraba más de 133,081 personas desaparecidas según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esta cifra ha aumentado drásticamente en los últimos años, alcanzando en 2024 la cifra anual más alta con 13,627 desapariciones reportadas.
El documento coordinado por Prensa Ibero establece claramente: "A la violencia homicida se suma un desastre humanitario con decenas de miles de personas desaparecidas en un país que no enfrenta una guerra o un conflicto armado, en un país en democracia".
Fosas comunes vs. fosas clandestinas
En México existen diferencias fundamentales entre ambos tipos de enterramientos:
- Fosas comunes: Operadas por el Estado en morgues o panteones públicos, bajo gestión de fiscalías y servicios forenses para inhumar cuerpos no identificados o no reclamados.
- Fosas clandestinas: Asociadas al crimen organizado, ubicadas en zonas rurales o casas de seguridad donde se ocultan víctimas de homicidio y desaparición forzada.
Cifras acumuladas que revelan la magnitud del problema
Los especialistas advierten que en el país existen más de 4,500 fosas clandestinas donde se han localizado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos. Sin embargo, las cifras varían significativamente entre autoridades y no existen registros públicos claros sobre las fosas comunes ni sobre los espacios donde el Estado resguarda miles de cadáveres sin identificar.
Entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5,532 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República reconoció apenas 630 en el mismo periodo, una diferencia de 4,902 sitios. En esos años, las autoridades estatales informaron la exhumación de 6,998 cuerpos y 6,122 fragmentos de restos humanos, con mayor concentración en Jalisco, Sonora y Guanajuato.
Un desastre forense sin precedentes
Pamela Benítez, analista de datos de la organización Data Cívica, aseveró que en 2024 la Fiscalía General de la República reportó 18 hallazgos en todo el país, mientras que las fiscalías estatales registraron 786. Esta discrepancia refleja lo que los expertos denominan "un desastre forense sin precedentes".
El diagnóstico señala contundentemente: "México enfrenta un desastre forense sin precedentes. Miles de cuerpos no identificados permanecen bajo resguardo del Estado en fosas comunes, panteones ministeriales y morgues".
La opacidad que agrava la crisis
A la falta de registros confiables se suma la opacidad estatal sobre el destino de los cuerpos recuperados, su resguardo y su identificación forense. En conjunto, estas carencias institucionales no sólo dificultan la localización e identificación de personas desaparecidas, sino que también obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.
El informe coordinado por Prensa Ibero atribuye estas variaciones tanto a posibles subregistros como a la falta de criterios homogéneos para clasificar los hallazgos, evidenciando una crisis institucional que requiere atención urgente y medidas concretas para garantizar transparencia y justicia.
