El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha designado a su hija, Ana Rocha, como encargada interina del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, lo que ha generado una ola de críticas y acusaciones de nepotismo.
Designación controvertida
La decisión fue anunciada el pasado viernes, cuando se informó que Ana Rocha ocuparía el cargo de manera temporal mientras se realiza el proceso de selección para el puesto titular. La hija del gobernador no cuenta con experiencia previa en el ámbito de asistencia social, lo que ha incrementado las sospechas sobre la idoneidad de su nombramiento.
Reacciones de la oposición
Diversos partidos políticos y organizaciones civiles han expresado su rechazo a la medida. El Partido Acción Nacional (PAN) calificó la designación como un acto de nepotismo y una muestra de la falta de transparencia en el gobierno estatal. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió que se respeten los procesos legales y se eviten conflictos de interés.
Defensa del gobernador
El gobernador Rocha Moya ha defendido la decisión, argumentando que su hija es una persona capaz y comprometida con el bienestar social. En una declaración oficial, señaló que la designación es temporal y que se seguirán los procedimientos establecidos para elegir al titular del DIF. Además, destacó que Ana Rocha cuenta con el apoyo de su equipo de trabajo y que su gestión será evaluada de manera constante.
Antecedentes de polémica
Esta no es la primera vez que el gobernador enfrenta críticas por presuntos actos de nepotismo. En meses anteriores, se había señalado la contratación de familiares en puestos clave dentro de la administración estatal, lo que ha generado dudas sobre la ética en el gobierno de Sinaloa.
Impacto en la credibilidad
Analistas políticos consideran que este tipo de decisiones afectan la credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana. La designación de la hija del gobernador en el DIF podría interpretarse como un uso del poder para beneficiar a familiares, lo que contradice los principios de transparencia y rendición de cuentas que deberían guiar a la administración pública.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha solicitado una investigación sobre el caso, para determinar si se violaron las leyes de responsabilidades administrativas. Mientras tanto, la sociedad civil espera que se garantice que el DIF cumpla con su misión de apoyar a las familias más vulnerables sin interferencias políticas.
