La lucha ambiental de Sinaloa llega a Alemania
La batalla contra la construcción de una planta de amoniaco en el humedal protegido de Santa María-Topolobampo-Ohuira, en Sinaloa, ha cruzado el Atlántico hasta llegar a la capital alemana, Berlín. Representantes indígenas y activistas del colectivo ¡Aquí No!, acompañados por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, presentaron una queja formal ante el banco estatal de desarrollo KfW IPEX-Bank, institución que financia el polémico proyecto con 860 millones de dólares.
Una misión indígena en suelo europeo
Desde Berlín, las representantes yoremes Claudia Susana Quintero y Melina Sandoval encabezaron la delegación que se presentó en las instalaciones del banco alemán. En su intervención, advirtieron que "el gobierno federal alemán comparte la responsabilidad" en este proyecto, no solo a través del financiamiento directo, sino también mediante la concesión de garantías de crédito a la exportación conocidas como garantía Hermes.
En la queja oficial entregada al banco, los activistas alertaron que, de concluirse la construcción, "los daños a la biodiversidad serían irreversibles" y se pondría en riesgo el sustento de más de 4 mil familias de comunidades indígenas locales. El proyecto, a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la suiza Proman AG, sería la planta de amoniaco más grande de América Latina.
Advertencias sobre un colapso ecológico-social
Los denunciantes detallaron múltiples riesgos asociados al proyecto:
- Destrucción del humedal protegido: La ubicación en Santa María-Topolobampo-Ohuira amenazaría gravemente este ecosistema único.
- Pérdida de sustento comunitario: Más de 4 mil familias indígenas dependen de los recursos del humedal para su supervivencia.
- Riesgo sísmico y tóxico: La zona presenta actividad sísmica, por lo que una posible fuga de amoniaco altamente tóxico representaría "un peligro mortal para miles de habitantes".
- Destrucción de manglares: Melina Sandoval describió esta destrucción como "una herida abierta y visible que ya afecta nuestro ecosistema".
Claudia Susana Quintero fue contundente al exigir que se deje de usar dinero público alemán "para financiar proyectos que serían ilegales en suelo alemán por su impacto humano y climático". Acusó al banco y al gobierno alemán de no poder "lavarse las manos" cuando su capital hace posible "un proyecto que envenena nuestra bahía y arrebata el futuro de las comunidades indígenas".
Contexto de amenazas y responsabilidad internacional
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México agregó en su comunicado que, "con gran preocupación", ha tenido conocimiento de que los defensores ambientales involucrados en esta lucha han sido objeto de amenazas y ataques físicos, lo que ha llevado a su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Peter Clausing, integrante de la organización civil Partner Südmexikos e.V., alertó a las instituciones alemanas que "serían corresponsables de violaciones a los derechos humanos" si continúan su apoyo al proyecto. Subrayó que "en este tipo de megaproyectos deben aplicarse las debidas diligencias en materia de derechos humanos", especialmente en un país como México donde, según sus datos, en 2024 fueron asesinados 25 defensores ambientales.
Una red de apoyo transatlántica
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México integra a 18 organizaciones alemanas, entre las que se encuentran:
- Acción Episcopal Adveniat
- Amnistía Internacional Alemania
- Brot für die Welt
- Franziskaner Helfen / Centro Franciscano de desarrollo y misión
- Initiative Mexiko (INIMEX)
- jesuitenweltweit
- Kindermissionswerk "Die Sternsinger"
- México vía Berlín
- Iniciativa Derechos Humanos México Colonia
- Obra Episcopal Misereor
- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
- Pacta Servanda
- Partner Südmexikos
- pax christi – Comisión Solidaridad Un Mundo
- Promovio
- Welthaus Bielefeld
- Zapapres
Esta acción internacional marca un precedente en la lucha ambiental mexicana, llevando la denuncia directamente a las instituciones financieras europeas que hacen posible proyectos considerados destructivos en territorio nacional. La presión ahora se ejerce desde ambos lados del Atlántico, con comunidades indígenas sinaloenses liderando una batalla que podría definir el futuro de uno de los humedales más importantes del noroeste mexicano.
