Colectivos de Derechos Humanos Exigen Debate Público sobre Prisión Preventiva Oficiosa ante la SCJN
Organizaciones defensoras de derechos humanos han presentado una solicitud formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que convoque una audiencia pública que aborde el polémico tema de la prisión preventiva oficiosa, un asunto pendiente de la anterior integración del Máximo Tribunal.
Una Petición con Amplio Respaldo Ciudadano
La petición, que cuenta con el respaldo de más de 600 firmas de personas, organizaciones y diversos colectivos, fue entregada esta mañana en la Oficialía de Partes Común de la Corte. Los encargados de presentarla fueron integrantes de los colectivos Pena sin Culpa y Red Solidaria Década contra la Impunidad, quienes representan respectivamente los casos García Rodríguez y Tzomplaxte Tecpile contra México.
Este movimiento se produce en un momento crucial, justo antes de que la SCJN discuta cómo México implementará las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los mencionados casos. En dichas resoluciones, el Estado mexicano fue condenado por la aplicación tanto de la prisión preventiva oficiosa como del arraigo, figuras que el organismo internacional declaró violatorias de derechos humanos y, por tanto, inconvencionales.
Objetivo: Un Foro Amplio e Inclusivo
"La solicitud busca que la promesa de apertura de la actual Suprema Corte se materialice en un foro amplio de discusión e información", explicaron los colectivos. En este espacio, se pretende que más de 40 mil personas actualmente bajo prisión preventiva oficiosa, junto con sus familiares, puedan ser escuchadas. La audiencia también contempla la participación activa de:
- Universidades y clínicas universitarias
- Colegios y barras de abogados
- Personas expertas en la materia
Todo ello, antes de que la Corte resuelva el cumplimiento de las sentencias internacionales que obligan al Estado a eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Antecedentes y Controversias Pendientes
La CorteIDH fue específica al señalar que el Estado mexicano debe dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa de manera automática, basándose únicamente en el delito imputado y sin considerar las particularidades de cada caso. Este tema quedó en suspenso durante la anterior integración de la Corte, a pesar de que el entonces ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ya tenía listo un proyecto para ordenar la inaplicación automática de esta figura, tal como lo indicó el organismo interamericano.
En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y servidores públicos cercanos a su administración, como la actual ministra María Estela Ríos González, se manifestaron en contra tanto de la postura de la CorteIDH como de la propuesta de González Alcántara Carrancá.
El Colectivo Pena sin Culpa intentó, sin éxito, que la ministra Ríos González se abstuviera de participar en el debate, argumentando que ella es la encargada de elaborar el proyecto de sentencia que su predecesor no alcanzó a presentar. Sin embargo, en febrero pasado, la nueva integración de la Corte declaró por unanimidad y sin debate público que la ministra no está impedida para intervenir en el caso.
La audiencia pública solicitada se presenta así como una oportunidad crítica para transparentar un proceso judicial de alto impacto, que afecta directamente a miles de personas y que tiene profundas implicaciones en el sistema de justicia y los derechos humanos en México.
