Estado mexicano admite responsabilidad parcial ante CIDH por muerte de indígena a manos del Ejército
En una audiencia histórica celebrada en la ciudad de Guatemala, el gobierno de México, representado por Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció su responsabilidad parcial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, indígena asesinado por elementos del Ejército mexicano en julio de 2009 en la Montaña de Guerrero.
Testimonio desgarrador ante la CIDH
Verónica González González, cuñada de la víctima y profesora originaria de Xalpatlahuac, Guerrero, ofreció un testimonio conmovedor ante la CIDH con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Relató cómo su familiar, de 30 años, fue asesinado cuando viajaba en un autobús hacia la Ciudad de México para buscar trabajo en Estados Unidos.
"Sólo quiero justicia, y que los responsables sean condenados por la muerte de Bonfilio. Y que el gobierno reconozca públicamente que fue el Estado que ejecutó a Bonfilio, para que no vuelva a suceder con otros paisanos. Para ellos los indígenas no existimos y no hay justicia para nosotros", declaró Verónica ante la comisión.
Los hechos de julio de 2009
Según el testimonio detallado de Verónica González:
- El 20 de julio de 2009, Bonfilio Rubio abordó un autobús en Tlatzala, municipio de Tlapa, con destino a la Ciudad de México
- Una hora después, el transporte fue detenido en un retén militar en el crucero de Santa Cruz, cerca de Huamuxtitlán
- Los militares bajaron a todos los pasajeros para una revisión rutinaria
- Al notar que Bonfilio llevaba botas de tipo militar, los soldados exigieron al conductor que lo dejara en el retén
- El chofer se negó y arrancó el autobús, tras lo cual los militares dispararon contra la unidad que transportaba niños y adultos mayores
- Una bala impactó en el cuello de Bonfilio, causándole la muerte instantánea
Falta de información y hostigamiento posterior
La familia de Bonfilio no fue notificada oficialmente sobre su muerte. Se enteraron dos días después cuando, al dirigirse a Huamuxtitlán, les mostraron un periódico con la fotografía del joven asesinado. En el Ministerio Público les negaron información durante horas hasta que llegó representación de Tlachinollan.
El cuerpo fue trasladado a Chilpancingo, a más de cinco horas de distancia, y cuando la familia llegó para identificarlo, les advirtieron que si no llegaban ese día, sería enviado a la fosa común. Recibieron los restos en una bolsa sellada, imposibilitando los rituales tradicionales de su comunidad.
Posteriormente, la familia sufrió hostigamiento sistemático por parte del Ejército:
- Recibieron llamadas ofreciendo dinero para el velorio, que rechazaron rotundamente
- Militares intentaron sobornar al comisario municipal de Tlatzala para que convenciera a la familia de aceptar 160 mil pesos
- La familia mantuvo su postura: "la vida de Bonfilio no vale 160 mil. Él era joven, tenía una vida por delante"
Consecuencias devastadoras para la familia
La muerte de Bonfilio y la falta de justicia debilitaron profundamente a la familia Rubio Villegas:
- El 21 de febrero de 2021 falleció José Rubio Villegas, hermano de Bonfilio y esposo de Verónica
- Tres años después murió su padre, Secundino Rubio
- El 14 de febrero de 2026 falleció su madre, Margarita del Carmen Villegas
Impunidad y negligencias en la investigación
El abogado de Tlachinollan, Saulo Loya, señaló durante la audiencia que en el caso se documentaron negligencia y omisiones graves. A pesar de que las pruebas de rodizonato de sodio dieron positivo en los militares, estos fueron absueltos por su propia jurisdicción después de que el Ministerio Público del fuero común declinó atender el caso en julio de 2009.
"El caso de Bonfilio es extremo y no es aislado, se enmarca en la lógica y estrategia de seguridad pública que involucra cada vez más a las fuerzas armadas", afirmó Loya.
Posiciones enfrentadas en la audiencia
Mientras el Estado mexicano, a través de Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública como solución amistosa y garantías de no repetición, la representación legal de la víctima y sus familiares exigió:
- Reconocimiento total de la responsabilidad del Estado
- Reparaciones individuales y comunitarias por afectaciones económicas, de salud y psicológicas
- Enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales
- Medidas concretas de no repetición
Encinas anunció que, a partir del reconocimiento parcial de responsabilidad, se revisarán en un término de 30 días todos los procesos judiciales del caso para determinar cuáles podrían ser sujetos de nueva investigación.
Participantes y próximos pasos
En la audiencia participaron la relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, y las comisionadas Gloria de Mees, Marion Bethel y Rosa María Payá A. Edgardo Stardo Ralón, presidente de la Junta Directiva del 152 periodo de sesiones de la CIDH, otorgó 30 días para que las partes presenten por escrito respuestas ampliadas o eventuales acuerdos.
El caso permanece como un símbolo de la lucha contra la impunidad en ejecuciones extrajudiciales que afectan particularmente a comunidades indígenas en México.
