A casi 30 años de la desaparición forzada del maestro y líder social Gregorio Alfonso Alvarado López, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad y ofreció una disculpa pública a su familia. No obstante, el caso permanece en la impunidad.
Los hechos
Gregorio Alvarado López, profesor, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), fue detenido y desaparecido la noche del 26 de septiembre de 1996 en la avenida Nicolás Catalán de Chilpancingo. Los responsables fueron los agentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Rafael Copado Balderas y Roberto Vázquez Villanueva.
Acto de reconocimiento
En conmemoración del Día del Maestro en México y por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este viernes se efectuó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública del Estado mexicano en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Gregorio Alvarado era maestro, poeta, padre y líder social indígena. Su labor comunitaria y educativa lo vinculó con procesos organizativos en la región de la Montaña de Guerrero, en un contexto de violencia y persecución contra integrantes de movimientos sociales en la década de los noventa, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Tras meses de que Gregorio y su familia enfrentaran vigilancia constante, persecución y hostigamiento, su desaparición forzada ocurrió en septiembre de 1996 y desde entonces su paradero continúa sin conocerse”, dijo el organismo en un comunicado.
Disculpa del Estado
En representación del Estado mexicano, el Subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, reconoció que “no solo fallamos al no proteger su integridad, con el propósito de prevenir los hechos, sino también en no reaccionar de forma inmediata para dar con su localización y sancionar a las personas responsables”.
El funcionario destacó la labor de defensa de derechos humanos que realizó Gregorio en sus comunidades y que lo enfrentó a la persecución y la desaparición forzada. Añadió que su trabajo “beneficia a niñas y niños indígenas en Guerrero debido a que promovió instituciones de carácter intercultural y bilingüe que persisten”.
Por el gobierno de Guerrero, acudió la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega.
Contexto de terror
El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la desaparición de Gregorio se dio en el contexto de una política de terror implantada por el gobierno mexicano, donde Guerrero fue el epicentro de la contrainsurgencia. El ejército, dijo, fue el principal responsable de las graves violaciones de derechos humanos en ese período.
“Años cruentos en los que se castigaba la organización independiente y el pensamiento autónomo, como lo documentó la Comisión de la Verdad que se encargó de investigar los hechos ocurridos durante aquellos años y cuyo informe no ha sido plenamente asumido por el Estado mexicano”.
El caso de Gregorio ha representado no solo una grave violación a sus derechos humanos, sino una afectación profunda para su comunidad y su familia, que ha sostenido por casi tres décadas una búsqueda permanente de verdad y justicia, enfrentando impunidad, omisiones institucionales y la ausencia de investigación efectiva.
Exigencia de justicia
En el acto, Norma, esposa de Gregorio y quien ha liderado su búsqueda, llamó a investigar y juzgar a las personas responsables de su desaparición y demandó que la desaparición forzada deje de lacerar a las familias mexicanas. Recordó que “pese al paso inexorable del tiempo, Gregorio, ‘Goyito’, sigue siendo referente de las luchas más sensibles que enfrentan los pueblos. Su trabajo, su ejemplo sigue vigente, por él y por todos los desaparecidos: ni olvido, ni perdón”.
Acompañaron el acto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y representantes de la familia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Coincidieron en que persiste la obligación del Estado mexicano de garantizar plenamente los derechos a la verdad y la justicia. Afirmaron que “Gregorio sigue desaparecido. Mientras esto siga así, su memoria es una exigencia viva de justicia”.
Las organizaciones recordaron que “el caso de Gregorio no es un caso aislado. México enfrenta hoy una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: más de 133 mil personas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las cifras no dejan de crecer”.
