Legisladora jalisciense impulsa iniciativa para dignificar restos humanos no reclamados
La diputada de Jalisco Yussara Elizabeth Canales González presentó una estrategia legislativa integral cuyo objetivo principal es garantizar la dignidad post mortem y facilitar la localización de familiares de personas fallecidas identificadas que permanecen sin ser reclamadas en instituciones forenses de todo el país.
Crisis nacional de restos humanos no reclamados
Actualmente, la acumulación de restos humanos a nivel nacional en instituciones forenses supera los 72 mil casos, según datos oficiales. En específico, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguarda cuerpos plenamente identificados cuyos familiares no han sido localizados, muchos de ellos originarios de otras entidades federativas.
"Detrás de cada cuerpo hay una madre, un padre, una familia que sigue buscando. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados cuando tiene información suficiente para ayudar a localizarlos", afirmó la legisladora durante la presentación de su propuesta.
Propuesta legislativa concreta
La primera propuesta busca establecer como obligación expresa que, cuando el Instituto cuente con datos suficientes como:
- Nombre completo
- CURP
- Entidad y municipio de nacimiento
Realice gestiones formales ante:
- Las Direcciones del Registro Civil de la entidad correspondiente
- Las Fiscalías o Procuradurías donde se presuma exista denuncia por desaparición
Esto con el objetivo específico de facilitar la localización de padres, tutores o familiares y propiciar la entrega digna de los restos humanos.
Coordinación institucional sin costo adicional
La reforma propuesta no implica creación de nuevas estructuras ni aumento presupuestal; establece una responsabilidad clara de coordinación institucional entre servicios médicos forenses, registros civiles y fiscalías estatales.
Canales González también hizo un llamado formal a los congresos locales del país para que emprendan las acciones legislativas necesarias e incorporen en sus respectivas leyes la misma obligación de búsqueda activa y coordinación interinstitucional.
Mandato legal nacional
Se busca que la responsabilidad institucional no dependa de esfuerzos aislados, sino que quede establecida como mandato legal en todo el país. "El Estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso a los restos humanos y de actuar con debida diligencia", señaló la legisladora.
"Una sepultura digna no es un trámite administrativo. Es el derecho de una familia a cerrar un ciclo de incertidumbre. Es humanidad, es verdad y es justicia", subrayó Canales González al finalizar su exposición.
La iniciativa representa un avance significativo en la protección de derechos humanos post mortem y establece un precedente importante para la coordinación entre instituciones forenses a nivel nacional, especialmente considerando que muchos de los cuerpos no reclamados pertenecen a personas originarias de diferentes estados de la república.
