Organizaciones civiles y familias en México han alzado la voz para exigir a las autoridades que agilicen los procesos de convivencia familiar. Consideran que los largos tiempos de espera y la burocracia judicial afectan gravemente el bienestar de los menores de edad, quienes son los más perjudicados en estos casos.
Problemas en el sistema judicial
De acuerdo con diversas asociaciones, los procedimientos para establecer o modificar regímenes de convivencia pueden extenderse por meses o incluso años. Esto genera incertidumbre y estrés tanto en los padres como en los niños, quienes ven interrumpida su relación con alguno de sus progenitores o familiares cercanos.
Representantes de colectivos como la Asociación Nacional de Padres Separados señalaron que, en muchos casos, las resoluciones judiciales no se cumplen de manera oportuna, lo que obliga a las familias a recurrir a medidas legales adicionales que alargan aún más el proceso.
Impacto en los menores
Los expertos en psicología infantil advierten que la falta de convivencia regular con ambos padres puede provocar problemas emocionales y de desarrollo en los niños. La incertidumbre y los conflictos legales prolongados aumentan el riesgo de ansiedad, depresión y bajo rendimiento escolar.
Por ello, las organizaciones piden que se implementen mecanismos más eficientes, como la mediación familiar obligatoria y la creación de juzgados especializados en materia de convivencia.
Propuestas de solución
Entre las demandas presentadas ante el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan:
- Reducir los plazos procesales a un máximo de seis meses.
- Establecer sanciones para los jueces que incumplan los tiempos establecidos.
- Fomentar la mediación como primer paso antes de llegar a juicio.
- Crear un registro nacional de casos de convivencia para dar seguimiento.
Además, se solicita que los tribunales consideren el interés superior del menor como principio rector en todas las decisiones.
Reacciones de las autoridades
Hasta el momento, las autoridades judiciales han reconocido la necesidad de mejorar los procesos, pero argumentan que la falta de recursos humanos y materiales limita su capacidad de respuesta. No obstante, se han comprometido a revisar los protocolos existentes y a buscar alternativas para agilizar las resoluciones.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que evalúa la implementación de un sistema digital para dar seguimiento a los casos de convivencia, lo que podría reducir los tiempos de espera.
Mientras tanto, las familias afectadas continúan organizándose y realizando protestas pacíficas para visibilizar su situación y presionar a las autoridades a tomar acciones concretas.
