Organizaciones civiles presionan al Senado para reactivar debate sobre regulación del cannabis
En el marco del día 420, un colectivo de 21 organizaciones de la sociedad civil realizó una entrega simbólica y contundente a la Mesa Directiva del Senado de la República. Además de un documento formal, los activistas hicieron llegar un frasco con semillas de cáñamo adquiridas legalmente, acompañando su exigencia de que la Cámara Alta reactive con carácter prioritario la discusión y dictaminación de una legislación integral que regule el uso, producción y distribución del cannabis en México.
Ocho años de vacío legal tras fallo histórico de la Corte
Este llamado ocurre casi ocho años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de marihuana establecida en la Ley General de Salud. "La falta de ley afecta a los consumidores de cannabis en todos los aspectos", declaró a medios Luis Fernando Campos Aguirre, representante de la asociación Educannabis.
Campos Aguirre explicó la paradoja actual: "Tú puedes ir hoy por la calle y la autoridad puede encontrarte un consumo menor a los 5 gramos, y puede procesarte". Citando datos del INEGI, el experto en biotecnologías de cannabis reveló que aproximadamente 85 por ciento de las personas actualmente detenidas por delitos de drogas fueron procesadas específicamente por consumo simple de cannabis, a pesar de los límites establecidos por la ley.
Cronología de decisiones judiciales sin respaldo legislativo
La historia legal reciente muestra avances significativos pero incompletos:
- En octubre y noviembre de 2018, la entonces Primera Sala de la SCJN resolvió dos amparos que declararon inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana.
- En junio de 2021, el Pleno de la Corte exhortó formalmente a la Secretaría de Salud y a la Cofepris a emitir autorizaciones para personas mayores de edad con fines lúdicos y recreativos.
- Simultáneamente, el máximo tribunal urgió al Congreso de la Unión a legislar sobre el autoconsumo recreativo de cannabis y THC para generar seguridad jurídica tanto para usuarios como para terceros.
Casos concretos de criminalización persistente
La falta de regulación integral continúa generando situaciones de abuso y criminalización. Víctor López García, investigador de la UNAM y fundador de la Red Autocultivo, compartió su experiencia personal como ejemplo emblemático.
"Hace dos años, varios elementos de la Guardia Nacional y otras instituciones irrumpieron en mi casa de noche", narró López García frente al Senado. El investigador, quien contaba desde 2021 con permisos oficiales para cultivar marihuana, describió cómo fue sometido violentamente: "Apenas salí de mi habitación cuando ya estaban arriba en el segundo nivel y me teclearon como fútbol americano, me golpearon y me encañonaron con una pistola".
Los elementos encapuchados mencionaron acusaciones de narcomenudeo, a pesar de que López García mostró inmediatamente su autorización sanitaria. Este episodio desencadenó un proceso jurídico que continúa activo, manteniendo su casa con sellos de suspensión por parte del ministerio público.
Denuncias de extorsión dentro del sistema
El caso de López García incluye acusaciones graves contra las autoridades. "Fui y me pidieron 80 mil pesos para liberar mi casa rápido", señaló el investigador, refiriéndose a presuntos intentos de extorsión por parte de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo. Aclaró que busca resolver este episodio exclusivamente por la vía legal, pero su experiencia ilustra los riesgos que persisten en el vacío regulatorio.
Las organizaciones civiles argumentan que esta situación de inseguridad jurídica afecta particularmente a:
- Consumidores recreativos que operan dentro de los límites establecidos por fallos judiciales
- Investigadores y científicos que trabajan con cannabis para fines médicos o de divulgación
- Personas con autorizaciones sanitarias que enfrentan arbitrariedades de las fuerzas de seguridad
- Familias y comunidades impactadas por procesos judiciales prolongados
La entrega del escrito y las semillas de cáñamo representa tanto un recordatorio simbólico como una exigencia concreta: después de ocho años de decisiones judiciales progresistas, el Poder Legislativo debe asumir su responsabilidad de crear un marco regulatorio integral que proteja derechos, clarifique responsabilidades y ponga fin a la criminalización injusta de usuarios legítimos.
