Organizaciones exigen al Congreso de Durango cumplir con fallo judicial sobre aborto
Organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas, tanto nacionales como locales, han exigido formalmente al Congreso del Estado de Durango que proceda a despenalizar el aborto y cumpla con los mandatos judiciales que ordenan reformar el Código Penal local. Esta demanda surge pese a que la actual legislatura recibió notificación oficial de la resolución judicial en septiembre de 2025.
Antecedentes jurídicos y plazo incumplido
El 18 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el Amparo en Revisión 116/2023, promovido por Sí Hay Mujeres en Durango y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con respaldo de REDefine Durango y activistas locales. En su fallo, el tribunal declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Durango y ordenó al Congreso local reformar la legislación penal.
La actual LXX Legislatura del Congreso de Durango fue notificada oficialmente de esta resolución judicial el 5 de septiembre de 2025. Según las organizaciones, el plazo para cumplir con el mandato venció el 15 de diciembre del mismo año, al concluir el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, la reforma al Código Penal no se ha llevado a cabo, generando frustración entre los grupos defensores de derechos reproductivos.
Estrategia nacional y contexto histórico
Este avance forma parte de una estrategia jurídica impulsada por organizaciones civiles y colectivas feministas desde la sentencia de la Suprema Corte en el caso Coahuila, en septiembre de 2021. El objetivo fundamental es eliminar el delito de aborto de los códigos penales del país y reconocerlo como un servicio de salud esencial al que puedan acceder mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes para ejercer su autonomía reproductiva.
Las organizaciones recordaron que no es la primera vez que se intenta avanzar en esta materia en Durango. En septiembre de 2021, mujeres organizadas presentaron la primera iniciativa popular en México impulsada desde la sociedad civil, respaldada por más de 7 mil firmas ciudadanas. "Esta es una deuda histórica con las mujeres y con las personas con capacidad de gestar de Durango", afirmó María Hernández, de Redefine Durango.
Argumentos centrales de las organizaciones
Durante una conferencia de prensa realizada en el recinto legislativo, las activistas presentaron varios argumentos clave:
- Obligación constitucional: El Congreso tiene la obligación de legislar bajo el principio de laicidad del Estado, establecido en el artículo 40 de la Constitución federal y refrendado en el artículo 60 de la Constitución local.
- Salud pública: El aborto debe abordarse como un asunto de salud pública, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como servicio esencial.
- Impacto social: La penalización vigente genera miedo e inhibe el acceso a servicios de salud, incluso cuando no hay mujeres sentenciadas actualmente por abortar en la entidad.
Maribel Luna, de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló: "Las diputadas y diputados deben tomar decisiones, no desde creencias morales personales, sino guiados por la ética laica y los valores democráticos a los que se han comprometido como representantes públicos".
Contexto nacional y datos concretos
Francisco Cué, de GIRE México, destacó que veinticuatro de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto voluntario, y diez de ellas lo hicieron en cumplimiento de mandatos judiciales. Entre los estados que han seguido esta vía se encuentran Coahuila, Chihuahua y recientemente Tlaxcala, tras sentencias en las que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizaban el aborto.
Las organizaciones también presentaron datos concretos sobre la situación en Durango:
- Entre 2022 y 2025, la colectiva Acompañantes Laguna registró 470 acompañamientos de abortos autogestivos en Lerdo y Gómez Palacio.
- Estos casos reflejan la falta de atención oportuna por parte de las instituciones públicas.
- En contextos donde la legislación es más flexible, como la Ciudad de México, las complicaciones por abortos inseguros son menores y no se registran muertes maternas por aborto inseguro en servicios públicos.
Finalmente, las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente al Congreso de Durango para que aplique los criterios establecidos por la Suprema Corte, cumpla con la orden del Tribunal Colegiado y garantice la interrupción del embarazo como un servicio de salud esencial para las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado.
