Activistas exigen eliminar el aborto del Código Penal en vísperas del 8M
En un conversatorio clave previo al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, expertas y activistas de diversas organizaciones hicieron un llamado urgente para abordar la persistente criminalización del aborto en México. A pesar de los avances judiciales y legislativos, señalaron que el debate sobre el derecho a decidir está intrínsecamente ligado a las luchas por la seguridad, la justicia, la economía y la salud en el país.
El aborto sigue en el Código Penal: una criminalización constante
Angie Contreras, vocera de la campaña "Vivas y Libres", enfatizó que el aborto no se ha despenalizado realmente, ya que sigue tipificado como delito en el Código Penal. Esta situación va más allá de la prisión, generando una criminalización social y procesos de investigación que obstaculizan el acceso y penalizan a las mujeres. Contreras destacó que, aunque el mapa de México se vuelve más verde con avances en algunos estados, en lugares como Aguascalientes se han reducido los plazos legales, y otros como Guanajuato no han cumplido con las indicaciones de la Suprema Corte.
"Necesitamos que el aborto sea un tema de salud pública. Sacarlo del Código Penal implica poder brindar justamente esta información y que no se criminalice", declaró Contreras, criticando que el Estado ha utilizado recursos para criminalizar en lugar de investigar otros casos o capacitar en aborto seguro.
63 mujeres en prisión y miles de denuncias
Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, reafirmó que la agenda pendiente es el aborto, con la tipificación como delito siendo el problema central. Presentó cifras alarmantes: en 2025, se registraron 63 mujeres en prisión o en espera de sentencia por interrumpir un embarazo, y desde 2012 hasta 2025, se han iniciado 2,169 denuncias por aborto.
"Las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Pero la pregunta es si el Estado va a garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva o va a seguir criminalizando el aborto", afirmó García Hernández. Su meta urgente es avanzar hacia la eliminación del delito, comenzando en la Ciudad de México, que despenalizó el aborto por plazo hace 18 años.
El derecho depende del "código postal"
Elida Caballero Cabrera, del Women's Equality Center (WEC), reconoció el liderazgo de México a nivel judicial, calificando la decisión de la Suprema Corte de 2023 como un "parteaguas". Sin embargo, alertó que no se puede hablar de una despenalización total cuando el acceso al servicio depende del código postal y del nivel económico, lo que calificó como "criminalizar la pobreza".
Caballero señaló que la permanencia del delito en los códigos penales estatales y federales genera una contradicción legal, dejando a personal de salud y mujeres con dudas sobre qué ley debe primar. Respaldó la visión de que la eliminación del delito es necesaria para que México consolide su autoproclamado liderazgo como un gobierno feminista. Agregó que la desigualdad es tal que cuatro de cada diez mujeres que acceden al servicio de aborto en la Ciudad de México provienen de otros estados.
Conclusión: más allá de la despenalización
Las expertas concluyeron que la despenalización no es suficiente. El siguiente paso fundamental es la eliminación del delito para garantizar el derecho pleno a la salud y consolidar a México como un referente en la región. Este llamado a la acción se enmarca en las demandas del Día Internacional de la Mujer, subrayando la necesidad de una reforma legal integral que priorice la salud pública sobre la criminalización.
