Exregidora indígena demanda ejecución de sentencia por violencia política de género en Tlalnepantla
Tras tres años de haber presentado una denuncia por violencia política en razón de género, la exregidora indígena de Tlalnepantla, Elpidia Torres Ramírez, ha exigido públicamente el cumplimiento inmediato de la sentencia que determinó la responsabilidad del entonces presidente municipal, Ángel Estrada Rubio. En una conferencia de prensa, Torres Ramírez advirtió que hace responsable al exalcalde de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a algún integrante de su familia, subrayando la urgencia de que la justicia se materialice con la ejecución de las medidas ordenadas.
Antecedentes de la denuncia y obstáculos durante su gestión
La denuncia fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), luego de que Torres Ramírez considerara que durante su gestión enfrentó descalificaciones, negación de su calidad como autoridad y limitaciones para desempeñar el cargo. "Llegué al Cabildo por una acción afirmativa a favor de las mujeres indígenas. Eso significaba representar a quienes históricamente han sido discriminadas por su origen, su región y sus costumbres, y demostrar que las mujeres indígenas somos capaces de ejercer con responsabilidad y en beneficio de nuestras comunidades", expresó la exregidora.
Torres Ramírez indicó que fue la única mujer en el Cabildo y que su trayectoria como cocinera tradicional fue utilizada para desacreditar su desempeño. "Se me negó el reconocimiento como autoridad, se obstaculizó mi participación y se intentó limitar mi voz. La violencia fue constante durante los tres años que estuve al frente de la regiduría", afirmó. Al encabezar la Comisión de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, enfrentó restricciones operativas, como la falta de personal suficiente y órdenes directas para que otras áreas no la atendieran.
Reconocimiento legal y demandas de justicia
La sentencia emitida por las autoridades electorales reconoce la existencia de violencia política en su contra; sin embargo, Torres Ramírez insistió en que aún no se ha ejecutado en su totalidad. "Yo le exijo al tribunal que tomen en cuenta todas las pruebas. Que sean justos, que la justicia se lleve a cabo y... en poco tiempo. Sí, en poco tiempo, porque ya es mucho tiempo, ya es demasiado tiempo", señaló durante la conferencia.
Entre las medidas ordenadas, la exregidora solicitó específicamente:
- La disculpa pública por parte del exalcalde Ángel Estrada Rubio.
- La inscripción de Estrada Rubio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE).
- La ejecución inmediata de todas las disposiciones de la sentencia para garantizar que ningún violentador ocupe cargos públicos en el futuro.
Temor por la seguridad y llamado a la acción
Torres Ramírez manifestó temor por su seguridad y la de su familia, declarando: "Si algo me sucede a mí o a alguien de mi familia, sea lo que sea, si se le cae un árbol, le cae un rayo o le pasa cualquier situación, es Ángel Estrada Rubio el único responsable". Explicó que decidió no renunciar pese al contexto desgastante de machismo institucional, motivada por las niñas del Plan Nepantla y las mujeres que vendrán después, para que ejerzan sus cargos libres de violencia.
Finalmente, concluyó con un llamado enérgico: "Exijo la ejecución inmediata de la sentencia, la disculpa pública ordenada y la inscripción de Ángel Estrada Rubio en el registro correspondiente. Ningún violentador debe ocupar un cargo público, ningún agresor al poder". Este caso resalta los desafíos persistentes en la lucha contra la violencia política de género y la discriminación hacia las mujeres indígenas en México.
