Polémico nombramiento judicial en Hidalgo revive caso de discriminación contra niño con Síndrome de Down
La designación de Fátima Lorena Baños Pérez como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo ha generado una fuerte controversia, debido a su vinculación con un caso documentado de discriminación contra un menor con Síndrome de Down ocurrido en 2018.
El origen del escándalo: la expulsión de Daniel de clases de natación
Los hechos se remontan a siete años atrás, cuando Daniel, un niño con trisomía 21, fue inscrito por sus padres en clases de natación del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), entonces dirigido por Baños Pérez. Según el relato familiar, el menor mostraba progresos significativos en su desarrollo social y psicomotor al interactuar con otros niños, hasta que fue abruptamente separado del grupo.
"Los discapacitados tienen que estar con los discapacitados", fue la justificación que -denuncian los padres- recibieron al momento de la exclusión. Esta acción desencadenó un largo proceso legal que llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo importantes precedentes en materia de derechos de la infancia con discapacidad.
Un camino jurídico lleno de obstáculos
El proceso iniciado por los padres de Daniel enfrentó numerosas dificultades:
- En 2021 obtuvieron un amparo que obligaba a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo a emitir un dictamen
- Dicho dictamen fue negativo, alegando falta de elementos que atentaran contra la dignidad del menor
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos revirtió este fallo y emitió la Recomendación 81/2020
- Esta recomendación dirigida al entonces gobernador Omar Fayad Meneses reconoció explícitamente el daño causado por instancias y servidores públicos
Aunque Baños Pérez fue vinculada a proceso junto con otros funcionarios por el delito de discriminación, obtuvo una solución alternativa que -según la familia- no cumplió con el reconocimiento pleno del daño ni con la emisión de una disculpa pública satisfactoria.
La indignación familiar ante el nuevo nombramiento
"Como padre de mi hijo menor con Síndrome de Down, sostengo que la dignidad humana es inviolable y no debe estar sujeta a negociaciones políticas", declaró a medios Neptalí Reyes Bolaños, padre de Daniel. "El nombramiento de una persona con antecedentes probados de discriminación hacia un menor con discapacidad no es solo una falta administrativa, es una contradicción ética que invalida la autoridad moral del organismo encargado de formar a quienes imparten justicia en nuestro estado".
Reyes Bolaños destacó varios puntos preocupantes:
- La sentencia de la SCJN (amparo 162/2021) determinó que bajo la gestión de Baños se omitieron los "ajustes razonables" para el deporte inclusivo
- El juicio 225/2020 constituye el primer caso de un funcionario vinculado a proceso por discriminación en la entidad
- Las capacitaciones en derechos humanos que debía cumplir Baños fueron validadas por una institución vinculada a su familia
Antecedentes cuestionables y llamados a la sociedad civil
La trayectoria de Fátima Baños presenta varios elementos polémicos. Antes de ser nombrada directora del Inhide en 2016 a los 24 años, carecía de experiencia en servicio público o en materia deportiva. Sus antecedentes incluían una candidatura perdida a diputación local por el PVEM y la dirección de una preparatoria perteneciente a su familia.
En su nueva designación judicial, Baños tampoco cuenta con carrera judicial previa. Entre su salida del gobierno de Fayad -hoy embajador en Noruega- y este nombramiento, fungió como directora de una secundaria perteneciente al mismo grupo educativo familiar.
"El Instituto de Profesionalización debe ser la guía de la ética y la actualización en derechos humanos", recriminó el padre de Daniel. "Resulta alarmante que el perfil seleccionado para dictar la línea pedagógica en materia de grupos vulnerables sea, precisamente, quien generó jurisprudencia nacional por no saber protegerlos".
La familia ha hecho un llamado urgente a organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para cuestionar la idoneidad de este nombramiento, insistiendo en que "un cargo que exige máxima honorabilidad no puede ser ocupado por quien tiene antecedentes probados de discriminación y violación de derechos humanos hacia un menor con discapacidad".
