Políticas Migratorias en América Latina Intensifican Deportaciones Masivas
Un informe elaborado por diversas organizaciones de defensa de personas migrantes ha revelado que durante el año 2025, las políticas migratorias en América Latina se han convertido en mecanismos centrales de control, castigo y exclusión, con impactos que trascienden fronteras nacionales y debilitan significativamente los sistemas democráticos en la región.
Diagnóstico Alarmante de la Situación Migratoria
El documento titulado "Raíces en la Tormenta: solidaridad y dignidad en un hemisferio blindado (Impactos de la Política Migratoria en las Américas en 2025)", elaborado por la Mesa Mensual Binacional de Migración y Derechos Humanos, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y el Bloque Latinoamericano de Migración, documenta cambios preocupantes en los flujos migratorios y las estrategias implementadas por gobiernos regionales.
Entre los hallazgos más graves se encuentran:
- Deportaciones expeditas sin debido proceso legal
- Separación familiar sistemática
- Criminalización de la migración
- Hostigamiento a albergues y organizaciones de apoyo
- Afectaciones severas a la salud mental de migrantes
- Aumento de la violencia durante el proceso migratorio
- Presiones que obligan a migrantes a recurrir a rutas controladas por el crimen organizado
Impacto de Políticas Estadounidenses en la Región
Durante la presentación del informe, Elena Gutiérrez de Global Exchange alertó sobre la crisis migratoria actual, destacando que "lo que se está olvidando es atender las causas reales de la migración", las cuales incluyen violencia, crimen organizado y desplazamientos forzados. La defensora subrayó la necesidad de reivindicar el derecho a la movilidad, el derecho a migrar y también el derecho a quedarse en comunidades de origen.
Gutiérrez explicó que durante el segundo periodo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, las organizaciones binacionales han detectado una política antimigratoria particularmente agresiva que ha generado respuestas contundentes de la sociedad civil estadounidense contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, esta resistencia ha desatado políticas internas mucho más violentas, incluyendo asesinatos de personas que defienden a la población migrante.
El informe destaca cómo los decretos migratorios estadounidenses impactan directamente en las políticas de países de América Central como Guatemala, Ecuador y Argentina, creando un efecto dominó de medidas restrictivas en toda la región.
Contradicciones en la Política Migratoria Mexicana
Integrantes de organizaciones dedicadas a la defensa de personas migrantes en México alertaron sobre incongruencias significativas entre el discurso oficial y la aplicación práctica de la política migratoria. Mientras por un lado se habla de dar la bienvenida a connacionales deportados y se promueve una política humanitaria para extranjeros enviados a México por Estados Unidos, por otro lado se observa abandono a mexicanos retornados y criminalización de personas extranjeras.
Gabriela Hernández de Casa Tochán señaló que en la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada mantiene una política de "caricia y golpe" donde, por un lado, proporciona tarjetas de identificación a personas migrantes, pero simultáneamente "amenaza con el desalojo de campamentos de migrantes sin considerar las complejidades que enfrentan las familias".
Separación Familiar y Falta de Protección
Rossy Antúnez del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) destacó que, en los procesos de deportación desde Estados Unidos, una de las violaciones más graves a derechos humanos es la separación familiar, afectando no solo a mexicanos sino a personas de diversas nacionalidades. La defensora señaló la ausencia de estrategias efectivas para revertir estas separaciones y la falta de rutas públicas en México para que mujeres deportadas recuperen la custodia de sus hijos e hijas.
Antúnez criticó específicamente el programa México Te Abraza, dirigido a personas mexicanas deportadas, señalando que "no es una política pública, tampoco es un programa" y carece de presupuesto asignado, limitándose en muchos casos a la entrega de 2 mil pesos sin alternativas reales para el acceso a programas públicos.
En cuanto a personas de otras nacionalidades, la defensora reveló que en el último año más de 13 mil personas de Cuba, Haití, Venezuela, Guatemala, Nicaragua y El Salvador han sido deportadas de Estados Unidos a México, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) las recibe en puntos de repatriación de la frontera norte para luego trasladarlas a Villahermosa, Tabasco, donde son retenidas por 72 horas antes de ser deportadas a sus países de origen o abandonadas en las calles.
Criminalización y Externalización de Políticas
Leni Álvarez de Otros Dreams en Acción (ODA) apuntó que, como efecto de la externalización de la política migratoria estadounidense en México, se ha detectado el despliegue de agentes del INM en estaciones de autobuses que "en cualquier momento, así como en Estados Unidos, te pueden detener y preguntar acerca de tu estatus migratorio".
Álvarez destacó que las personas mexicanas retornadas forzosamente a México enfrentan la violación de su derecho a la identidad, ya que "se fueron como indocumentados y regresan a su país como indocumentados", lo que les impide acceder a programas sociales por carecer de credencial de elector (INE).
Jennifer García de Sin Fronteras alertó sobre la persistencia de una "paradoja" en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha seguido el mismo patrón de gobiernos anteriores. "Lo que se observa es que hay una paradoja entre el discurso y las acciones implementadas", señaló García, explicando que mientras se llama héroes a los paisanos en el exterior, se implementan políticas basadas en un enfoque de seguridad nacional que criminaliza a la población en movilidad.
Llamado a Reconocer la Dignidad Migrante
En sus conclusiones, las organizaciones participantes en el informe reiteraron que la migración no es una amenaza sino una expresión de la dignidad humana y de las profundas desigualdades estructurales del modelo económico y social actual. El documento hace un llamado urgente a transformar las políticas migratorias regionales para que prioricen los derechos humanos, la protección familiar y el desarrollo integral de las comunidades, tanto de origen como de destino.
