Diputado PAN propone Instituto de Protección a Periodistas en CDMX ante 98% de impunidad
Instituto para proteger periodistas en CDMX propone diputado PAN

México: tercer país más peligroso para el periodismo fuera de zonas de guerra

En los últimos doce meses, nueve periodistas han sido asesinados en territorio mexicano, confirmando que ejercer esta profesión sigue siendo una labor de alto riesgo. Aunque la Ciudad de México no presenta las cifras más críticas del país, la vulnerabilidad para quienes informan persiste de manera alarmante. El periodismo nacional se ha convertido en una actividad marcada por riesgos constantes, presiones de diversos tipos y, en demasiados casos, agresiones que van desde amenazas veladas hasta violencia física directa.

Un panorama desolador con cifras preocupantes

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa fuera de contextos de conflicto bélico. Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas correspondientes a 2025, la nación se ubicó como el tercero con más comunicadores asesinados a nivel global. Esta situación se agrava por los altísimos niveles de impunidad que rodean estos crímenes.

Artículo 19, la organización internacional independiente que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, ha advertido que la impunidad en los delitos contra periodistas alcanza hasta el 98%. Este porcentaje abrumador perpetúa un entorno de violencia sistemática contra quienes ejercen el derecho a informar, creando un círculo vicioso donde la falta de justicia incentiva nuevas agresiones.

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Una propuesta legislativa para cambiar el rumbo

En este contexto preocupante, el diputado local Ricardo Rubio, perteneciente al grupo parlamentario del PAN, ha informado que impulsará la creación de un Instituto de Protección a Periodistas de la Ciudad de México. Esta iniciativa busca fortalecer mecanismos de prevención, atención y acompañamiento frente a la violencia que enfrenta el gremio periodístico, así como garantizar sus derechos fundamentales.

"Esta iniciativa surge a propuesta de los compañeros periodistas y se busca garantizar la protección de su vida, integridad, seguridad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión de quienes sean periodistas y residan, trabajen o ejerzan en la Ciudad de México", declaró a este medio el diputado Ricardo Rubio, quien también preside la Comisión de Protección a Periodistas.

La capital como referente en protección periodística

El legislador detalló que la Ciudad de México, como capital del país y referente en materia de protección de derechos humanos y libertad de prensa, "tiene el deber histórico de ser pionera en la implementación del Instituto que proteja el derecho internacional y nacional de libre ejercicio de la labor periodística".

Su propuesta plantea obligar a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas dependencias capitalinas, a crear unidades de atención especializada para periodistas. Estas unidades estarían obligadas a dar respuesta en un tiempo máximo de tres horas ante una denuncia de agresiones y brindar acompañamiento legal inmediato tras cualquier ataque.

Características y alcances del Instituto propuesto

De acuerdo con la iniciativa, el Instituto para la Protección de los Periodistas de la Ciudad de México contaría con prioridad presupuestal y autonomía técnica. Sus objetivos principales se centran en cinco acciones fundamentales:

  1. Garantizar la vida, integridad, libertad, seguridad y ejercicio pleno de la libertad de expresión de periodistas.
  2. Diseñar y ejecutar políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para quienes ejercen esta labor.
  3. Trabajar de manera coordinada con autoridades locales y federales para la atención de agresiones.
  4. Generar datos, diagnósticos, evaluaciones y análisis de contexto sobre violencia contra periodistas.
  5. Proporcionar atención psicosocial, legal y de seguridad integral a periodistas en riesgo.

Obligaciones específicas y mecanismos de protección

El Instituto tendría distintas obligaciones con el fin de brindar mayor protección a los derechos humanos de los periodistas:

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  • Atender de manera inmediata los casos de agresión a periodistas.
  • Aplicar medidas preventivas y de protección adecuadas a cada situación.
  • Operar un Padrón Voluntario de Periodistas para mejor identificación y seguimiento.
  • Coordinar protocolos con el C5, SSC, FGJCDMX y otras instancias relevantes.
  • Emitir recomendaciones a dependencias públicas en caso de riesgos documentados.
  • Celebrar convenios de colaboración con organismos nacionales e internacionales.
  • Evaluar riesgos y contextos específicos por zona, tipo de cobertura o medio de comunicación.
  • Emitir informes públicos trimestrales sobre la situación de los periodistas.

Colaboración nacional e internacional

El instituto propuesto tendría que trabajar de manera coordinada con organismos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A nivel internacional, establecería vínculos con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.

Rubio destacó que dicha propuesta es de suma importancia ya que amplía y garantiza los derechos de las personas periodistas, obliga al Estado a cumplir con su deber de protección, y se fundamenta en normas nacionales e internacionales vigentes sobre libertad de expresión y protección a comunicadores.

Una deuda histórica con el periodismo mexicano

"Es una exigencia, de muchos años atrás, de los periodistas locales, que sean protegidos y procurados. Deben contar con los derechos mínimos propios de su profesión y que se les permita realizar su actividad atenuando el riesgo que enfrenten día a día", afirmó el legislador panista.

La iniciativa representa un esfuerzo legislativo concreto para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al periodismo mexicano, particularmente en un contexto donde la impunidad supera el 98% y donde México se mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión fundamental para la democracia.