Investigan boda entre dos niños en Acapulco, Guerrero
Investigan boda infantil en Acapulco, Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ha iniciado una investigación por el delito de trata de personas tras la difusión de un video que muestra una boda entre dos menores de 13 años en la comunidad de Huamuchitos, ubicada en la zona rural de Acapulco, Guerrero.

Fiscalía de Guerrero investiga boda entre menores

La carpeta de investigación fue abierta por el delito de trata de personas en su modalidad de matrimonio forzoso o servil, luego de que las imágenes circularan ampliamente en redes sociales. La dependencia estatal ha señalado que cualquier acción que vulnere los derechos, la integridad o el desarrollo de niñas, niños y adolescentes será investigada conforme a la ley vigente.

El caso se dio a conocer tras la difusión de un video titulado “Festejo Matrimonial Jesús y Jennifer en Huamuchitos”, donde se observa a los menores participando en un recorrido nupcial frente a habitantes de la comunidad y presuntos familiares.

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Qué muestra el video de la boda infantil en Guerrero

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia a los adolescentes salir de una vivienda y abordar una camioneta de pasajeros para trasladarse a una cancha techada del poblado, donde se realizó un festejo matrimonial. La comunidad de Huamuchitos se ubica en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sobre la conocida Ruta del Sol de Acapulco.

Matrimonio infantil en Guerrero y leyes vigentes

En Guerrero, el matrimonio infantil y las uniones tempranas han sido documentadas principalmente en comunidades rurales e indígenas, especialmente en regiones como La Montaña y Costa Chica, donde estas prácticas han sido vinculadas a usos y costumbres. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Además, en Guerrero se aprobaron reformas para prohibir el matrimonio de personas menores de edad y sancionar conductas relacionadas con este tipo de uniones.

Las autoridades han reiterado su compromiso de proteger los derechos de la infancia y han instado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a los menores. La investigación continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.

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