Irán impone primera condena oficial de muerte contra manifestante tras protestas de enero
El régimen iraní ha dictado la primera sentencia oficial de pena capital contra un participante en las protestas antigubernamentales de enero. Mohamad Abbasi fue condenado a muerte por el asesinato del coronel de la Policía Shahin Dehghani Kakavandi durante las movilizaciones en la ciudad de Malard, provincia de Teherán.
Condena familiar y apelación judicial
Según el abogado Ali Sharifzadeh Ardakani, quien declaró al medio Emtedad, la sala 15 del Tribunal Revolucionario encontró a Abbasi culpable del cargo de "enemistad contra Dios". En el mismo proceso, su hija Fatemeh Abbasi recibió una sentencia de 25 años de prisión por supuesta colaboración en el crimen.
El letrado explicó que ya ha presentado una apelación formal, trasladando el caso a la sala 39 del Tribunal Supremo de Irán. La familia de los condenados ha denunciado públicamente "múltiples irregularidades en el expediente" y cuestiona la transparencia del proceso judicial.
Contexto represivo y cifras escalofriantes
Esta condena se produce en el marco de una brutal represión gubernamental contra las protestas que estallaron a finales de diciembre, inicialmente por el deterioro económico pero que rápidamente se transformaron en movilizaciones contra la República Islámica. La respuesta estatal alcanzó su punto más violento los días 8 y 9 de enero.
Las cifras sobre víctimas varían dramáticamente según las fuentes:
- Balance oficial: 3,117 fallecidos durante las protestas
- Organización HRANA: 7,015 muertos confirmados y 11,700 casos en verificación
- Detenidos estimados: Aproximadamente 53,000 personas
Otras condenas y alertas internacionales
La organización Irán Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, ha documentado que al menos 26 manifestantes iraníes han recibido condenas a muerte, mientras cientos más enfrentan cargos que podrían llevarles a la pena capital, incluyendo menores de edad.
Por su parte, Amnistía Internacional reporta que ocho personas ya han sido sentenciadas a muerte por participación en las protestas, y otras treinta se encuentran en peligro inminente de recibir la misma condena. Estas cifras evidencian una escalada represiva sistemática por parte del gobierno iraní.
El caso de Mohamad y Fatemeh Abbasi se ha convertido en un símbolo de la respuesta judicial del régimen frente al descontento popular, marcando un precedente preocupante para los derechos humanos en el país. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de la apelación mientras continúa la presión sobre las autoridades iraníes.
