Israel aprueba ley de pena de muerte con aplicación discriminatoria hacia palestinos
La Knéset, el Parlamento israelí, consumó este lunes una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinato terrorista, una medida que organizaciones de derechos humanos denuncian como selectiva y que en la práctica se aplicará exclusivamente a palestinos, excluyendo a ciudadanos judío-israelíes.
Votación parlamentaria y reacciones políticas
La normativa fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, con el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu y su partido Likud, así como de toda la coalición gubernamental excepto el partido ultraortodoxo Yahadut HaTora. El ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, promotor de la iniciativa, celebró la aprobación con un pin de horca y hasta intentó descorchar champán en el hemiciclo, siendo impedido por un ujier.
La oposición, incluyendo los partidos Yesh Atid, Kachol Lavan y las formaciones árabes Hadash y Taal, votó en contra. El diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificó la ley durante el debate como "populista, inmoral, no igualitaria" y "claramente inconstitucional".
Disposiciones discriminatorias y plazo de ejecución
El texto legal obliga a los tribunales militares israelíes que juzgan a palestinos residentes en Cisjordania ocupada a imponer la pena capital, mientras que otorga a los tribunales ordinarios que procesan a ciudadanos israelíes la posibilidad de aplicar cadena perpetua en su lugar, estableciendo además condiciones más estrictas para su imposición.
La ejecución deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre:
- Detención separada del recluso
- Acceso restringido a autoridades y familiares
- Supervisión estricta del proceso de ejecución
Críticas internacionales y advertencias internas
La diputada árabe Aida Touma-Suleiman cuestionó durante la sesión: "¿Acaso se aplicará a los colonos asesinos?", refiriéndose a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada. En contraste, la diputada ultranacionalista Limor Son Har-Melej defendió la medida como "un momento de justicia histórica" para familias de víctimas de atentados terroristas.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, que también ha sido criticada por la ONU y el Consejo de Europa. Funcionarios militares israelíes advirtieron repetidamente sobre los problemas que plantea la legislación, señalando que podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero.
Denuncias de organizaciones de derechos humanos
Nueve organizaciones israelíes pro derechos humanos, incluyendo B'Tselem, Médicos por los Derechos Humanos y el centro legal Adalah, emitieron un comunicado conjunto denunciando que la legalización de la pena de muerte selectiva representa el "abismo moral" en el que ha caído el Estado de Israel.
- La ley otorga "sello de aprobación oficial a la política de venganza y violencia racista hacia los palestinos"
- "Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes"
- "Pisotea el principio del derecho a un juicio justo"
- "Minima la posibilidad de descubrir errores judiciales o confesiones falsas, incluyendo confesiones extraídas con tortura"
Contexto histórico y reacciones palestinas
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios de crímenes de guerra o genocidio, habiéndola aplicado únicamente una vez en 1962 con la ejecución de Adolf Eichmann, arquitecto del Holocausto.
La Presidencia palestina de Mahmud Abás calificó la ley como "crimen de guerra" contra su población. Las asociaciones de presos palestinos advirtieron que "se está gestando una etapa que se considera la más peligrosa en la historia del movimiento de presos palestinos".
La ONG B'Tselem documenta que más de 80 palestinos han muerto desde octubre de 2023 en cárceles israelíes, que describe como "campos de tortura" donde se cometen abusos sistemáticos incluyendo palizas, privación de alimento y medicamentos, agresiones sexuales y torturas.
