Madres Buscadoras de Chiapas denuncian respuesta gubernamental como 'burla' ante informe de la ONU
La colectiva Madres Buscadoras de Chiapas ha expresado un firme rechazo a la respuesta del gobierno federal mexicano frente al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas. Isabel Torres, dirigente del grupo, calificó la postura oficial como una 'burla' y un intento por 'normalizar la tragedia' que viven las familias afectadas.
Exigencias de acceso pleno a investigaciones
Durante una jornada de visibilización realizada el primer domingo de mes en Tuxtla Gutiérrez, la colectiva insistió en la necesidad urgente de que el CED de la ONU tenga acceso pleno a las investigaciones sobre desapariciones en territorio mexicano. Torres afirmó: 'Simulan la paz, pero las desapariciones siguen. Ha sido el mismo gobierno y la misma Fiscalía la que se los lleva y los desaparece'.
Las madres se reunieron en la Catedral de San Marcos con el arzobispo José Francisco González González, quien les brinda acompañamiento espiritual. En la explanada, instalaron un 'tendedero de fichas' con los rostros de sus hijos e hijas desaparecidos, una muestra conmovedora de la ausencia que lacera a la entidad.
Crisis en Berriozábal y hallazgos recientes
Isabel Torres destacó que el municipio de Berriozábal se ha convertido en un foco rojo, con alta incidencia de desapariciones forzadas. Según registros del colectivo, entre septiembre y octubre de 2025 se contabilizaron 55 desapariciones en un lapso de cuatro meses, afectando principalmente a jóvenes de 15 a 30 años.
El pasado 1 de abril, el colectivo localizó restos óseos en una reserva federal entre Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, gracias a una llamada anónima y el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, Torres relató que la Fiscalía General del Estado llegó al sitio tres horas después, y hasta la fecha no ha proporcionado información sobre los peritajes o la identidad de la víctima.
Testimonios y desafíos en la búsqueda
El colectivo agrupa a más de 30 familias, de las cuales al menos una decena no ha interpuesto denuncias formales por temor a represalias. En estos casos, canalizan la información a la Comisión de Búsqueda para generar boletines que permitan iniciar el rastreo sin exponer legalmente a los familiares.
Entre los casos destacados está el de Josefina Ramírez Pérez, de 33 años, quien busca a su hijo Hernán Lira Ramírez, desaparecido el 1 de agosto de 2024 en Berriozábal a los 15 años. El dolor la embarga desde hace casi dos años, mientras el eco de la 'paz oficial' contrasta con el silencio de las carpetas de investigación.
La colectiva reiteró su llamado al gobierno para cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos, subrayando la importancia del apoyo internacional en esta lucha por la justicia y la verdad.
