Desplazados y olvidados: mayas sobreviven en un limbo fronterizo tras nueve años de abandono
En la frontera entre México y Guatemala, más de cien familias de las etnias maya q’eqchi’, chuj y población mestiza enfrentan una realidad desoladora. Desde el 2 de junio de 2017, cuando el ejército guatemalteco las expulsó violentamente de la comunidad de Laguna Larga y quemó sus hogares, estas personas viven en un campamento migrante sin agua potable, energía eléctrica ni condiciones dignas de vida. A pesar de que en 2026 se aprobó su retorno, aún no hay fecha concreta, sumiéndolas en un limbo que desafía los derechos humanos más básicos.
Una noche traumática que marcó el inicio del exilio
La comunidad de Laguna Larga fue desalojada bajo el gobierno de Jimmy Morales, con el argumento de que el área donde estaban asentadas desde hacía 15 años formaba parte de la Reserva de la Biósfera Maya. Tomás Ramírez, uno de los afectados, recuerda con crudeza: "Nos avisaron que llegaría el ejército y nos salimos a la línea fronteriza porque decían que nos iban a llevar; cuando regresamos para ver si quedaban cosas, los militares ya le habían echado fuego, matado pollos y a los puercos se los comió el ejército". Esta acción violenta no solo destruyó viviendas, sino también parte de la iglesia y los animales de corral, dejando a las familias en la indigencia.
Las familias construyeron refugios temporales con lonas, palos, cartones y guano, pensando que su estancia sería breve. Sin embargo, nueve años después, continúan en el campamento, donde carecen de infraestructura hospitalaria, acceso suficiente a educación formal y servicios esenciales. La supervivencia se ha convertido en su única prioridad, en un espacio donde ninguna autoridad de México o Guatemala asume la atención integral que requieren.
El doble discurso de la conservación y los derechos humanos
En agosto de 2025, los presidentes de México, Guatemala y Belice firmaron un acuerdo para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, un proyecto de conservación que abarca millones de hectáreas protegidas. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, declaró en el evento: "Protegiendo la Gran Selva Maya protegemos la vida y a la diversidad y honramos la historia para proteger el futuro". Sin embargo, estas palabras contrastan con la realidad de Laguna Larga, donde el desplazamiento forzado se justificó en nombre de la protección ambiental, violando derechos humanos fundamentales.
Joysi Pérez, quien era menor de edad durante el desalojo, comenta: "Estamos ni tan bien, ni tan mal. Tenemos calidad de vida porque vivimos en la naturaleza, pero también necesitamos unas cuantas cosas". La comunidad, ignorada por ambos gobiernos, espera en vano una solución que les permita retornar a sus tierras con dignidad.
Antecedentes legales y fracaso del diálogo
El desalojo se enmarca en la Ley de Áreas Protegidas de 1989, que creó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en Guatemala. Edgar Pérez Archila, abogado defensor de derechos humanos, explica que la Reserva de la Biósfera Maya, establecida en 1990, ya incluía asentamientos humanos como Laguna Larga. "El Conap promueve los desalojos, pero nunca se llegó a discutir el problema estructural. Había 53 comunidades dentro de estos territorios", afirma.
En 2016, se instaló una mesa de diálogo para buscar alternativas, pero en 2017, el desalojo sorpresivo de Laguna Larga rompió las negociaciones. Este desplazamiento se vinculó al proyecto Guatecarbón, implementado por Acofop y el Conap, instituciones que ordenaron la expulsión. Aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala reconoció en 2000 los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comunidad, la resolución fue ambigua y no se cumplió.
Secuelas devastadoras y medidas cautelares incumplidas
El desplazamiento forzado ha tenido consecuencias trágicas. Edwin López relata cómo caminaron bajo la lluvia intensa, temiendo ser picados por serpientes, para refugiarse en la frontera. "Esa noche dormimos bajo la lluvia, otros al pie de los árboles. Yo traía un nailon para protegernos un poco, pero los que no tenían se durmieron ahí como pudieron". La comunidad registra 19 muertes relacionadas con el trauma, incluyendo abortos y fallecimientos por enfermedades.
En septiembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares exigiendo al Estado guatemalteco garantizar alimentación adecuada, agua potable, alojamiento, salud y educación. No obstante, estas medidas han sido ignoradas en gran parte. Edwin señala que el agua disponible está contaminada con heces debido al ganado en la laguna, y aunque reciben apoyo de organizaciones civiles, la situación persiste. "No podemos comprar garrafones porque no tenemos dinero", lamenta.
Abandono institucional y lucha por la supervivencia
La realidad en el campamento dista mucho de los mandatos internacionales. La escuela local solo ofrece primaria, y el acompañamiento médico depende más del sistema de salud mexicano que del guatemalteco. Carlos Pérez, de 23 años, tuvo que frenar sus estudios para cuidar a su madre enferma y a sus hermanos. "Cuando uno es niño, esa situación es traumática. Las amenazas de sacarnos fueron constantes", recuerda.
Lucía Cob, madre de seis hijos, siembra maíz, frijol y calabaza chihua para sobrevivir, mientras su esposo vende nixtamal en Campeche. "Yo quiero un lugar digno porque pienso en mis niños. ¿Qué les vamos a dejar?, ¿dónde van a vivir? Nunca he visto la ayuda ni de México ni de Guatemala", cuestiona con desesperación. La comunidad, a pesar de los avances lentos hacia el retorno, sigue atrapada en un limbo fronterizo, esperando que algún día se respeten sus derechos y se les devuelva la dignidad perdida.
