México mantiene primer lugar global en acciones urgentes por desapariciones forzadas, según la ONU
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo minimiza la crisis de desapariciones en el país, México continúa encabezando los registros de Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED). El informe revela obstáculos institucionales para la búsqueda e investigación de casos, con familias enfrentando periodos prolongados sin información y amenazas relacionadas con sus esfuerzos.
Datos alarmantes: México supera a Irak en casos reportados
De acuerdo al reciente informe del CED, que cubre el periodo de 2012 a febrero de 2026, se recibieron 2,160 comunicaciones sobre desapariciones forzadas a nivel mundial. De estas, 819 corresponden a México, seguido de Irak con 669 casos. En el último periodo analizado, del 17 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, México representó el 37% de las 161 solicitudes de acciones urgentes, con 40 casos, 15 de ellos presentados en los primeros dos meses de 2026.
Distribución geográfica y perfiles de las víctimas
Las 40 desapariciones reportadas en el último periodo ocurrieron entre septiembre de 2011 y enero de 2026, con concentración en varios estados:
- Chiapas: 12 casos (30% del total)
- Jalisco: 7 casos
- Guanajuato y Sinaloa: 5 casos en cada entidad
- Oaxaca: 4 casos
- Baja California y Tamaulipas: 2 casos en cada estado
- Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo: 1 caso en cada uno
El informe detalla los perfiles de las víctimas: 26 hombres o niños; 14 mujeres o niñas; cuatro niños y tres niñas; una persona adulta mayor y una persona buscadora. Además, se incluyen casos de migrantes, como dos grupos de personas de Cuba y Honduras que desaparecieron en Chiapas mientras viajaban hacia Estados Unidos.
Presunta participación estatal y deficiencias en investigaciones
El CED señala casos emblemáticos en Jalisco, Guanajuato y Sinaloa que sugieren involucramiento de autoridades. En Jalisco, se reporta que hombres identificados como miembros de la fiscalía sacaron por la fuerza a personas de un lugar de trabajo, con una patrulla municipal en las cercanías, aunque se negó la realización de operativos. El Comité advierte deficiencias en entrevistas a agentes, revisión de videos y falta de geolocalización.
En Guanajuato, se menciona el caso del adolescente José Juan Arias Solís, desaparecido el 19 de junio de 2025 por elementos de la Guardia Nacional y la Sedena, y su padre, Jose Juan Arias Corona, desaparecido el 28 de diciembre de ese año a pesar de medidas cautelares. Esto ejemplifica demoras en búsquedas y esfuerzos limitados para examinar hipótesis, incluida la posible participación del Estado.
En Sinaloa, el contexto de violencia por disputas territoriales de grupos delincuenciales incluye denuncias de colusión o tolerancia de agentes estatales en secuestros y desapariciones grupales. El CED expresa preocupación por casos con más de ocho años de antigüedad en estados como Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, debido a la falta de progreso tangible, limitándose a solicitudes formales sin búsquedas exhaustivas o análisis forenses.
Desapariciones con fines de trata y reclutamiento forzado
El informe alerta sobre desapariciones atribuidas a la delincuencia organizada con fines de trata sexual o reclutamiento forzado, como un joven en Guanajuato en septiembre de 2025 y un niño en Jalisco en junio de 2025. En estos casos, el CED recibió denuncias de colusión entre agentes del Estado y delincuentes, resaltando la gravedad de la crisis.
El Comité enfatiza que los reportes revelan obstáculos para la participación de familiares en el acceso a archivos, periodos prolongados sin información y amenazas o intimidación no investigadas adecuadamente. Esto subraya la urgencia de acciones concretas para abordar esta problemática de derechos humanos en México.
