México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omisión de datos clave
El Gobierno de México ha manifestado su rechazo formal al informe emitido por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, argumentando que el documento no tomó en consideración las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por las autoridades mexicanas. Según la postura oficial, estos materiales demostrarían que los argumentos del comité no coinciden ni con la definición propia de desaparición forzada ni con los avances institucionales logrados desde 2019, con especial énfasis en los progresos del último año.
Falta de consideración de información actualizada
El Gobierno mexicano lamenta profundamente que, antes de publicar su resolución, el comité no haya estudiado la información actualizada proporcionada por el Estado. Aunque el informe se centra principalmente en los hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se omitieron por completo los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo.
En los párrafos 117 y 118 de su decisión, el comité no encontró indicios fundados de una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión. Estos señalamientos reflejan, según México, una realidad nacional distinta a la de periodos anteriores.
Críticas al rigor jurídico y conflictos de interés
Las autoridades mexicanas han resaltado además la falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité de Desapariciones Forzadas, así como la ligereza de sus premisas. Esto incluye su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, situación que se habría visto agravada por posibles conflictos de interés de algunos de sus integrantes.
Reformas y herramientas implementadas ignoradas
Como resultado de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio del año pasado se aprobaron reformas sustanciales a la ley. El comité no consideró las siguientes herramientas y obligaciones clave implementadas por México:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Compromiso con la cooperación internacional y la erradicación
Valorado por diversas agencias y reconocido por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales. Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, mediante el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, garantizando así verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
