Gobierno mexicano rechaza contundentemente informe de la ONU sobre desapariciones forzadas
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó hoy su más firme rechazo al informe presentado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, calificándolo como un documento "tendencioso" y carente del rigor jurídico necesario para una evaluación objetiva de la situación en México.
Acusaciones de parcialidad y conflicto de interés
En un comunicado conjunto emitido por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, la administración federal multiplicó las descalificaciones hacia el informe internacional, señalando que presenta una decisión "parcial y sesgada" marcada por la "ligereza de sus premisas".
De manera particular, el gobierno mexicano acusó a uno de los integrantes del comité de la ONU de tener un "conflicto de interés" por haber trabajado previamente para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano, lo que según la postura oficial compromete la objetividad del análisis.
Omisión de esfuerzos institucionales recientes
La principal crítica del gobierno se centra en que el informe "omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo", incluyendo la reforma legislativa e institucional impulsada específicamente por la administración de Claudia Sheinbaum para atender lo que denominan el "flagelo" de las desapariciones forzadas.
La administración acusó al grupo de expertos de la ONU de haber "rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución", lo que según su perspectiva genera un análisis incompleto y desactualizado de la realidad nacional.
Contenido del informe de la ONU
En su evaluación, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU determinó que existen "indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad", basándose en la evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y regiones del país.
El documento, calificado como demoledor por su contenido, fue turnado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para su conocimiento y posibles acciones posteriores.
Diferenciación entre administraciones
El gobierno mexicano sostuvo en su respuesta que, "a diferencia de periodos anteriores" -refiriéndose específicamente a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto-, no existieron indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión durante la llamada Cuarta Transformación.
La postura oficial dejó claro que, si bien no cuestiona la responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones forzadas históricas, atribuye estos hechos principalmente a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, exculpando expresamente a las administraciones de la Cuarta Transformación, incluyendo la actual de Claudia Sheinbaum.
Contexto temporal y geográfico del informe
El gobierno destacó que el informe de la ONU "se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017" y "se circunscribe a cuatro estados", lo que según su perspectiva limita la validez general de las conclusiones presentadas.
La administración de Sheinbaum enfatizó que los expertos internacionales no resaltaron "los esfuerzos institucionales" emprendidos por los gobiernos de México a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y "en particular desde 2025", es decir, desde la toma de posesión de la presente administración.
Este enfrentamiento diplomático ocurre en un contexto donde México mantiene el primer lugar en acciones urgentes por desaparición según mecanismos internacionales, solo por detrás de Irak, y donde organizaciones de la sociedad civil continúan documentando casos recientes de este grave delito.
