México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas; será discutido en la Asamblea General
El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha decidido elevar a la Asamblea General, con carácter de urgente, la grave crisis de desapariciones que afecta a México. El organismo internacional señaló que existen indicios fundados de que estas prácticas se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad, al tratarse de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Patrones que alarman a la comunidad internacional
En su detallado informe, el Comité explicó que las desapariciones se cometen bajo políticas concebidas y aplicadas por autoridades públicas en distintos niveles de gobierno, o bien por organizaciones que actúan de manera autónoma con la complicidad o aquiescencia de funcionarios. Aunque aclaró que no hay evidencia de una política federal deliberada para ordenar desapariciones, sí identificó patrones preocupantes que cumplen con los criterios establecidos por el derecho internacional.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, subrayó que lo relevante no es únicamente que los crímenes se produzcan a escala nacional, sino la magnitud y el patrón específico de los ataques dirigidos contra la población civil mexicana.
Propuestas concretas de la ONU para enfrentar la crisis
El grupo de trabajo de la ONU planteó la necesidad urgente de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y brindar asistencia integral a las miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Entre las sugerencias presentadas se encuentran:
- Cooperación técnica internacional especializada
- Apoyo financiero para fortalecer capacidades locales
- Asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación penal
- Fortalecimiento de la protección a las familias afectadas
El informe destacó que, pese a los esfuerzos declarados por el gobierno mexicano, no ha habido una mejora sustancial en la crisis humanitaria. Como muestra contundente, mencionó el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas, con aproximadamente 6,200 cadáveres, 4,600 restos humanos y otros 72,000 restos que permanecen sin identificar.
Respuesta firme del gobierno mexicano
El gobierno de México rechazó categóricamente el informe de la ONU, calificándolo de tendencioso y falto de rigor técnico. En un comunicado conjunto emitido por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, las autoridades federales señalaron que las conclusiones del Comité son parciales y desactualizadas, pues no tomaron en cuenta la información actualizada que México entregó antes de la publicación del documento.
Las autoridades aseguraron enfáticamente que el gobierno no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, destacaron avances institucionales logrados desde 2019 y reforzados a partir de 2025, entre los que se encuentran:
- La implementación de la alerta nacional de búsqueda
- La creación de la base nacional de carpetas de investigación
- El desarrollo de la plataforma única de identidad
- El fortalecimiento presupuestal y operativo de la Comisión Nacional de Búsqueda
El comunicado oficial también cuestionó el rigor jurídico del Comité y señaló posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes. A pesar de estas críticas, México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, siempre que se realice bajo premisas que reflejen la realidad actual del país y respeten su soberanía nacional.
Presión internacional creciente
La magnitud de la crisis humanitaria, con decenas de miles de personas desaparecidas y restos sin identificar, ha convertido a México en uno de los países con mayor número de casos registrados en el mundo. Para los organismos internacionales, la falta de resultados concretos en la identificación de víctimas y en la sanción efectiva de responsables es evidencia clara de que se requieren reformas estructurales urgentes.
Este choque de posturas abre un escenario complejo en el que se cruzan la presión internacional para que México acepte mecanismos de supervisión más estrictos y la defensa del gobierno de su soberanía y de los esfuerzos internos que asegura haber emprendido. La discusión en la Asamblea General de la ONU promete mantener este tema en la agenda global durante los próximos meses.
