México ocupa el lugar 10 mundial en matrimonio infantil, según UNFPA
México se ubica entre los países con mayor incidencia de matrimonio infantil, al ocupar el segundo lugar en América Latina y el décimo a nivel mundial en número absoluto de adolescentes mujeres casadas o unidas antes de los 18 años. Esto de acuerdo con datos de Unicef, plataformas como Girls Not Brides y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Rechazo oficial y violación de derechos humanos
Las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reiteraron su rechazo a cualquier forma de matrimonio infantil o unión forzada. Señalaron que estas prácticas constituyen una violación grave a los derechos humanos y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes.
El organismo subrayó que ninguna forma de unión antes de los 18 años es aceptable, enfatizando que deben prevalecer principios como el interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias.
Consecuencias del matrimonio infantil en México
De acuerdo con el pronunciamiento de SIPINNA, el matrimonio infantil genera consecuencias directas en el desarrollo de niñas y adolescentes, entre ellas:
- Abandono escolar
- Embarazo adolescente
- Exposición a diversas formas de violencia
- Limitación del desarrollo pleno
El organismo destacó que los derechos de niñas, niños y adolescentes son universales e irrenunciables, por lo que ninguna costumbre, contexto cultural o diferencia regional puede colocarse por encima de estas garantías.
Prohibición legal y persistencia de uniones tempranas
En 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que la edad mínima para contraer matrimonio en México es de 18 años, sin excepciones, en las 32 entidades federativas. Sin embargo, la prohibición legal no erradicó por completo el matrimonio infantil, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde persisten prácticas basadas en usos y costumbres, así como motivaciones culturales, económicas o religiosas.
Matrimonios de menores registrados en 2024
La Estadística de Matrimonios (EMAT) del Inegi reportó que durante 2024 se registraron siete matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes era menor de edad. Los casos se distribuyeron de la siguiente forma:
- Michoacán: 2
- Chiapas: 1
- Durango: 1
- Nuevo León: 1
- Quintana Roo: 1
- Sonora: 1
En ese mismo año, el grupo de 15 a 19 años concentró la mayor proporción de matrimonios de personas menores de 18 años, con 2.7% en mujeres y 1.1% en hombres. La edad más baja registrada entre contrayentes fue de 16 años.
Niñas y adolescentes, las más afectadas
La doctora Alma Patricia Piñones Vázquez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, señaló que el matrimonio infantil afecta principalmente a niñas, debido a factores como pobreza, normas sociales, tradiciones culturales y desigualdad de género. Entre las consecuencias documentadas se encuentran el abandono escolar, la violencia, los embarazos tempranos y riesgos para la salud física y mental.
Acciones recientes del gobierno federal
El 22 de mayo, durante la conmemoración del Día de la Niñez, representantes de UNFPA y Unicef alertaron sobre la persistencia de uniones forzadas en México. Dos meses después, colectivos feministas entregaron información basada en registros de la Secretaría de Salud, lo que derivó en la apertura de investigaciones por parte del Gobierno federal.
En agosto, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, presentó la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, que se implementará en 50 municipios de 21 estados, como parte de la ENAPEA, con recursos del FOBAM.
Caso reciente en Chiapas
Uno de los casos más recientes ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una niña de 13 años dio a luz el 8 de enero de 2026. Tanto ella como su hija presentaron complicaciones médicas y el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado como posible abuso sexual infantil o matrimonio forzado.