Nuevo protocolo de búsqueda en México: ¿avance o retroceso en medio de la crisis?
El gobierno federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, un instrumento que, en teoría, busca agilizar las respuestas institucionales ante una de las crisis humanitarias más graves del país. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, los ajustes operativos han desatado un intenso debate entre especialistas y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan si estos cambios realmente mejorarán la eficacia de las búsquedas o, por el contrario, podrían entorpecerlas.
Cambios clave en el protocolo: ¿más burocracia o más coordinación?
El protocolo elimina el término "persona no localizada" y establece la obligación de iniciar acciones inmediatas tras cualquier denuncia, incluyendo la apertura de una carpeta de investigación y la activación de mecanismos de búsqueda sin dilaciones. No obstante, la nueva redacción vincula la activación de estos mecanismos a dos elementos fundamentales: la existencia de una carpeta de investigación y el registro del caso en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esto implica que, en la práctica, el proceso de búsqueda se articula de manera más estrecha con el Ministerio Público y con el registro administrativo del caso.
Hasta ahora, el modelo mexicano se basaba en el principio de iniciar la búsqueda de manera inmediata, incluso mientras se integraban las investigaciones. Con los cambios publicados, el registro del caso, la integración de la carpeta de investigación y la clasificación inicial adquieren un papel más relevante en la activación de los mecanismos institucionales. Según el documento, la búsqueda inmediata contempla:
- Una entrevista inicial para recabar información.
- El registro del caso en el RNPDNO.
- Su interconexión con herramientas como la Plataforma Única de Identidad.
- La emisión de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación.
Asimismo, el registro deberá incluir el número de carpeta de investigación asignada por la autoridad ministerial correspondiente.
Riesgos en un contexto de información incompleta y cifras alarmantes
En México, muchos casos de desaparición inician con información fragmentada o con dificultades para formalizar denuncias, un problema que ha sido señalado en numerosos informes de organismos de derechos humanos. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado casos en los que la activación de búsquedas se retrasa debido a fallas en la integración de carpetas de investigación o a omisiones institucionales. En este contexto, la integración de la carpeta de investigación como requerimiento para registrar el caso en el RNPDNO podría retrasar el inicio de la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en situaciones donde la información es limitada o ambigua.
Las cifras de la crisis son abrumadoras. Al cierre de 2025, México acumulaba más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, según datos del RNPDNO, la cifra más alta registrada en la historia del país. Solo en 2025 se reportaron más de 34 mil casos, de los cuales alrededor de 4 de cada 10 continúan sin ser localizados. Las desapariciones han mostrado una tendencia al alza en la última década, con decenas de casos reportados cada día a nivel nacional.
En distintas entidades del país, los reportes también reflejan incrementos recientes, particularmente en contextos de violencia. Por ejemplo, en Sinaloa, se registraron más de 2,200 desapariciones en 2025, uno de los niveles más altos del país, según datos de medios locales.
Debate abierto: ¿protocolos eficaces o dependencia de procesos penales?
Especialistas en derechos humanos han advertido que, cuando la entrada al sistema de búsqueda depende de procesos penales o administrativos, existe el riesgo de que algunos casos queden fuera o no se activen de inmediato, especialmente aquellos con información limitada o clasificaciones iniciales ambiguas. A nivel internacional, algunos países han adoptado modelos que priorizan la rapidez y la independencia de los mecanismos de búsqueda:
- Colombia: Permite búsquedas inmediatas sin depender de una investigación penal.
- España: Activa protocolos desde el momento de la denuncia, sin esperar a la formalización de carpetas.
- Argentina: Prioriza la coordinación de bases de datos para agilizar la localización de personas.
En México, el nuevo protocolo introduce ajustes que buscan fortalecer la coordinación institucional, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en la rapidez con la que se activan las búsquedas. ¿Será suficiente para enfrentar una crisis que sigue creciendo día a día? La respuesta dependerá de cómo se implementen estos cambios en la práctica, en un país donde cada minuto cuenta en la búsqueda de los desaparecidos.
