Gobierno de Oaxaca desestima informe sobre retroceso en derechos humanos
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, ha rechazado categóricamente las conclusiones de un informe presentado por la Alianza Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca, que documenta un preocupante retroceso en materia de derechos humanos durante la administración morenista de Salomón Jara Cruz.
Documento alarmante de organizaciones civiles
Integrantes de 23 organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe titulado "¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?", donde no solo afirman que existe un retroceso, sino que advierten sobre un "peligroso riesgo de que siga escalando en asesinatos y criminalización de defensores".
El documento específicamente señala:
- 32 defensores de derechos humanos asesinados durante la actual administración
- 166 hechos conflictivos registrados en el estado
- Represión de la protesta social y agresiones a opositores
- Amenazas a comunidades indígenas en resistencia
- Riesgo de desplazamientos forzados
Respuesta gubernamental contundente
Romero López, quien anteriormente fue dirigente de la Unión Campesina Oaxaqueña, calificó la información como "subjetiva" y lamentó "la falta de seriedad y profesionalismo de las organizaciones que suscriben dicho documento".
El funcionario estatal incluso insinuó motivaciones económicas detrás del informe, señalando que "la búsqueda de recursos económicos no puede sostenerse en datos falsos ni en construcciones mediáticas que recurran a la invención de cifras sobre asesinatos de personas".
Controversia sobre cifras y mecanismos
Mientras el informe de las organizaciones civiles presenta cifras concretas, el secretario de Gobierno afirmó que los 32 supuestos asesinatos son "totalmente falsos", aunque no proporcionó datos alternativos ni casos específicos que considerara inventados.
Romero López sostuvo que, según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación federal, durante la actual administración estatal "se ha registrado una disminución en el número de casos reportados de posibles agresiones contra personas defensoras" en comparación con los últimos años de la administración anterior.
Análisis detallado de la conflictividad
Neftalí Reyes Méndez, coordinador de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), proporcionó un análisis más detallado sobre la situación:
- Los 166 hechos conflictivos documentados se distribuyen en:
- 26% por conflictos agrarios
- 25% relacionados al Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec
- 12% por conflictos ambientales, principalmente en la costa
- La omisión estatal representa el 40% de todos los casos
- Se registra un 28% de provocaciones, incluyendo la presencia de grupos de choque
- La respuesta gubernamental se caracteriza por:
- 27% de actos de criminalización
- 25% de hostigamiento
- 21% de homicidios
Preocupación por patrones históricos
Reyes Méndez expresó especial preocupación porque "estos grupos de choque empiezan a realizar actividades similarmente a como lo hacían los gobiernos de los sexenios pasados", específicamente mencionando el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz.
El activista concluyó que "no hay un cambio en el ejercicio de gobierno, al contrario, persiste una actuación similar a la situación que acontecía con gobiernos anteriores", mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca estaría resultando ineficiente.
Esta confrontación entre el gobierno estatal y las organizaciones de derechos humanos ocurre en un contexto donde Oaxaca ha sido señalado como el estado más peligroso del país para defensores de derechos humanos y del territorio, según los datos presentados por las organizaciones civiles.
