ONU solicita llevar crisis de desapariciones en México a Asamblea General; SRE rechaza informe
La situación de las desapariciones en México ha vuelto a captar la atención internacional de manera contundente. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha solicitado formalmente que el caso mexicano sea remitido a la Asamblea General de la ONU, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha rechazado el informe, tachándolo de parcial y sesgado.
La decisión del Comité de la ONU
El Comité de la ONU decidió pedir al Secretario General que envíe de forma urgente la situación de México a la Asamblea General. El objetivo es que la comunidad internacional considere medidas de apoyo al Estado mexicano para prevenir, investigar, castigar y erradicar este crimen atroz. El Comité concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El organismo internacional argumentó que han existido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país. Sin embargo, aclaró que este procedimiento tiene un carácter preventivo, buscando movilizar la atención y el apoyo internacional, y no pretende establecer responsabilidad penal individual ni funciona como una comisión de investigación.
El Comité también destacó la magnitud de la crisis, mencionando hallazgos alarmantes:
- Más de 4 mil 500 fosas clandestinas descubiertas.
- Más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos recuperados.
- Aproximadamente 72 mil restos humanos no identificados.
Además, advirtió que la situación no ha mostrado una mejora sustancial pese a las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021.
La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Frente a esta decisión, la SRE emitió un comunicado rechazando el informe del Comité. La dependencia sostuvo que el documento se refiere principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y sólo en cuatro estados, por lo que lo consideró parcial y sesgado.
La cancillería afirmó que el Comité omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados por el Estado mexicano el 27 de marzo y lamentó que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada antes de publicar su resolución. También destacó que el propio Comité reconoce que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión, lo que, según la SRE, refleja la situación actual del país, distinta a la de periodos anteriores.
La dependencia señaló una supuesta falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como conflictos de interés de algunos de sus integrantes, ya que al menos uno habría trabajado para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
El Gobierno mexicano reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas y aseguró que en la actual administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares. Entre las medidas aprobadas en julio de 2025, la SRE mencionó:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- Fiscalías especializadas estatales.
- Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- Robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- Coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías y la FGR.
- Incorporación de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Además, la institución aseguró que México mantiene una política de cooperación con organismos internacionales y está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
Las cifras oficiales de desapariciones en México
En medio de este debate internacional, el Gobierno de México actualizó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 2026. Las cifras oficiales indican:
- 394 mil 645 personas integran el registro histórico desde 1952.
- 262 mil 111 personas (66%) han sido localizadas.
- 21 mil 900 personas fueron encontradas sin vida.
- 132 mil 534 personas (34%) permanecen desaparecidas.
Las autoridades también explicaron que los 132 mil casos de personas desaparecidas se dividen en tres grupos:
- 46 mil 742 casos (36%) sin datos suficientes o con inconsistencias.
- Más de 40 mil casos (31%) con actividades posteriores al registro, en proceso de verificación para determinar si fueron localizadas.
- 43 mil 128 personas (33%) con datos suficientes para su búsqueda e investigación.
De los casos con información suficiente, sólo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación, según el informe presentado por las autoridades.
Implicaciones y contexto internacional
La decisión del Comité de la ONU de llevar la situación de México ante la Asamblea General representa una medida excepcional prevista en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. El objetivo es que la comunidad internacional pueda brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones.
Mientras la ONU advierte sobre la magnitud de la crisis y la necesidad de reformas estructurales, el Gobierno mexicano sostiene que el informe no refleja la realidad actual del país y defiende las reformas institucionales implementadas en los últimos años. Este enfrentamiento subraya la complejidad y urgencia de abordar la crisis de desapariciones en México, un tema que continúa generando controversia tanto a nivel nacional como internacional.
