La ONU señala responsabilidad directa de servidores públicos en desapariciones forzadas en México
En un informe contundente emitido en 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas denunció que los principales responsables de las desapariciones en México son los servidores públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal, junto con el crimen organizado. Esta grave acusación destaca una de las aristas más críticas del problema de seguridad nacional, exacerbada por la impunidad sistémica y la corrupción arraigada.
Un modelo de seguridad en crisis y familias en el hilo más delgado
La situación ha puesto en crisis total el modelo de seguridad del país, cuestionando la participación efectiva de los tres Poderes de la Unión y los distintos niveles de gobierno en la búsqueda de soluciones. En el centro de este drama humano se encuentran los deudos y sus familias, quienes además de cargar con una pena indescriptible, enfrentan autoridades rebasadas que carecen de elementos técnicos, personal suficiente o que están infiltradas por la delincuencia, lo que retarda de manera significativa los procesos de búsqueda y reconocimiento.
Como señala explícitamente Naciones Unidas, esta tragedia es causada directamente por servidores públicos. Un ejemplo alarmante es el estado de Jalisco, donde las desapariciones forzadas registraron un crecimiento del 124% en apenas tres años, mientras las autoridades locales muestran un desprecio evidente hacia las víctimas y sus familias.
Fallas estructurales en la estrategia de seguridad nacional
La estrategia de seguridad actual adolece de una grave deficiencia: no ejerce una facultad de imperio que permita a la federación obligar a los estados y sus policías de investigación a involucrarse activamente en la solución del problema. Esta limitación se relaciona con múltiples factores que impiden una acción coordinada y efectiva.
El problema fundamental radica en que el diseño institucional de la seguridad, que funcionó cuando esta fue elevada a rango de función de Estado en 1994, hoy muestra graves fisuras. Anteriormente, el partido en el poder mantenía el control político de la seguridad nacional, pero esa afirmación ya no es posible en el contexto actual.
Desbalance de poder y penetración delictiva
El poder de fuego de las policías municipales y estatales frecuentemente resulta modesto y rebasado por el del crimen organizado, situación que se agrava con la infiltración de la delincuencia en algunas corporaciones de seguridad. Esta combinación letal dificulta enormemente que las autoridades mantengan el control efectivo de las zonas bajo su jurisdicción.
Por otra parte, durante la administración anterior se registró una falta crítica de cinco programas derivados del Programa Sectorial de Seguridad, lo que generó una carencia de sincronía técnica, táctica y jurídica. El resultado es un programa que funciona con planes obsoletos de administraciones pasadas o, peor aún, que sufre de una ideologización política que lo aleja de las cuestiones técnicas esenciales para lograr sus objetivos.
Militarización y politización de la seguridad
El planteamiento actual de seguridad para el país se centra predominantemente en las capacidades de las Fuerzas Armadas, un escenario que preocupa a Naciones Unidas por los riesgos de una probable militarización de la seguridad pública mexicana.
La mayoría de las políticas públicas de seguridad deberían responder a análisis rigurosos, diagnósticos precisos, detección de necesidades y evaluaciones constantes del problema. Con estos insumos fundamentales, basados en estudios de ciencias sociales, se podrían diseñar estrategias efectivas. Sin embargo, una de las principales insuficiencias del sistema actual consiste en la politización de la procuración de justicia, donde se crean pruebas falsas y órdenes de aprehensión sin sentido con el único propósito de deshacerse de enemigos políticos o contrincantes ideológicos.
Desestimar o ignorar las opiniones de actores internacionales como Naciones Unidas sólo contribuye a agravar este complejo problema que afecta a miles de familias mexicanas.
Rodolfo Aceves Jiménez es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México.
