Juan Leonardo Pérez Téllez, el padre que el pasado 4 de enero confrontó a la presidenta Claudia Sheinbaum en Tizayuca, Hidalgo, para exigir justicia por un presunto abuso sexual agravado contra su hijo, un menor con autismo, ha denunciado hostigamiento y amenazas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Denuncia de persecución
“Hoy, la justicia de Hidalgo le ha fallado a mi niño y nuestras vidas corren peligro inmediato. Denuncio públicamente que mi esposa, mi hijo y yo estamos siendo perseguidos y acosados por camionetas oficiales de la Procuraduría del Estado de Hidalgo y recibiendo llamadas de amenaza tras exhibir la corrupción del caso”, alertó el padre. Consideró que su familia ya no tiene garantías en su propio estado, por lo que pidió “el auxilio urgente” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Acusaciones contra funcionarios
En un video difundido en redes sociales, el padre de 27 años acusó que la magistrada de la Segunda Sala Unitaria “borró y excluyó la declaración de mi hijo del proceso, silenciando a la víctima para favorecer al agresor” René C.B. “y a su abogado”.
Suspensión temporal del director
El 7 de enero, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo confirmó que el director de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, presunto responsable de la agresión sexual contra el niño de 9 años con trastorno del espectro autista, recibió suspensión temporal de su cargo mientras enfrenta el proceso penal. El directivo seguía el proceso en libertad gracias a un amparo concedido por un juez en la Ciudad de México, medida que sería revisada por un Tribunal federal en Hidalgo.
Intervención de Sheinbaum
La intervención ocurrió cuando Juan Leonardo Pérez se acercó a la mandataria e interrumpió el discurso oficial para denunciar posibles omisiones de la fiscalía estatal y urgir ayuda a Sheinbaum, quien supervisaba la construcción del CBTIS 293 en Tizayuca el 4 de enero. Posteriormente, el padre acusó dilaciones en el caso y posible pérdida de evidencia, incluyendo grabaciones que muestran la agresión, además de haber recibido amenazas de muerte. Sheinbaum pidió a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que revise el caso.
Recursos legales y medidas cautelares
El caso acumuló una serie de recursos legales. La medida cautelar de suspensión temporal de actividad profesional se dictó hasta el 12 de diciembre, aunque René C. B. había sido vinculado a proceso por abuso sexual agravado desde el 4 de abril de 2025. Los recursos permitieron que el presunto agresor siguiera el caso en libertad, manteniéndose en el sistema educativo estatal con remuneración y derechos laborales, asignado a funciones administrativas, hasta el inicio del procedimiento de separación salarial.
El secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, informó el 7 de enero que la separación salarial podría entrar en vigor a partir de la siguiente quincena. “Siempre que hay un tema de este tipo, de inmediato debe separarse de la escuela y evitar que tenga contacto con cualquier tipo de alumno. Desde el día siguiente que se recibió la queja fue separado, y se manda a la jefatura de sector, donde tiene actividades administrativas, pero no de dirección”, dijo. “Una vez que lo toma la Procuraduría, nosotros no somos parte del proceso; tenemos que esperar que sea la autoridad competente la que determine la falta”.
Responsabilización de funcionarios
Juan Leonardo Pérez Téllez responsabilizó de la seguridad de su familia a Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo; a Iram González Pérez, subprocurador y hermano del secretario de Agricultura; al ministerio público Marco Antonio Chavarría Perchez, “por ocultar la carpeta cinco meses y hostigarnos”, y al juez Víctor Manuel Portela Ortiz, “por un año de burlas procesales”.
En el video de Facebook, el padre dijo: “hago este video de carácter urgente, porque la Federación nos ha dejado en el abandono absoluto y nuestras vidas y nuestra integridad física corren peligro inmediato por parte del propio aparato estatal del estado de Hidalgo”, denunciando “un esquema sistemático de hostigamiento, persecución y terror psicológico institucional que constituyen un crimen de estado”.
“Tras denunciar la corrupción, las omisiones y los nexos delictivos en el caso de abuso sexual agravado contra mi menor hijo, quien vive con autismo, mi familia y yo nos hemos convertido en el blanco de una cacería por parte de las propias autoridades que juraron protegernos. Denuncio que estamos siendo perseguidos, vigilados y cercados por camionetas oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo”, afirmó. También sostuvo haber recibido amenazas directas de trabajadores del gobierno de Hidalgo, incluidos subordinados del subprocurador: “eso es represión, persecución política y uso de la fuerza del estado para cubrir la pederastia”.
