Graves acusaciones contra élite policial de Chiapas por violaciones sistemáticas
En un caso que ha conmocionado a la comunidad chiapaneca, organizaciones de derechos humanos y la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús han presentado una denuncia formal contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el grupo de élite de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas. Las acusaciones incluyen fabricación de delitos, detención arbitraria, tortura física y desaparición forzada en contra de dos servidores de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.
Detenciones violentas y desaparición temporal
Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2026 en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, cuando agentes encapuchados de la FRIP interceptaron a Orbey Juárez Juárez mientras se dirigía a realizar trabajos de electricidad. En el mismo operativo fue detenido José Julián López Juárez, ministro extraordinario de la Comunión.
Según el pronunciamiento de las organizaciones denunciantes, las detenciones se realizaron con uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpes y tortura física. La situación se agravó en el caso de Orbey Juárez debido a una lesión vertebral previa que padecía.
Lo más alarmante fue que, tras la captura, las autoridades negaron cualquier información sobre el paradero de los detenidos durante cinco días completos, periodo durante el cual permanecieron totalmente incomunicados. Esta situación configura lo que las organizaciones califican como una desaparición forzada según los estándares internacionales de derechos humanos.
Contradicciones en las versiones oficiales
La defensa legal de los detenidos sostiene que la imputación por homicidio calificado carece completamente de sustento y constituye una clara fabricación de culpables. Según testimonios recabados, el día del crimen que se les atribuye, Orbey Juárez no se encontraba en el lugar de los hechos, sino que estaba en traslado rumbo a San Juan Chamula, acompañado de su esposa.
Esta versión está respaldada por declaraciones de testigos directos, entre ellos:
- Fray David Pool Paredes, párroco de la Parroquia de San Dionisio en Pueblo Nuevo Solistahuacán
- Fray Tomás González Castillo
- Pruebas materiales que acreditan su paso por diversos comercios en Jitotol
En contraste, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha incurrido en graves contradicciones. El 31 de enero, la autoridad anunció una vinculación a proceso por un homicidio ocurrido el 12 de enero en Tila, incluso mencionando nombres incorrectos. Posteriormente, el 3 de febrero, emitió un nuevo comunicado en el que cambió radicalmente la versión, atribuyéndoles dos homicidios distintos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, con fechas inconsistentes.
Patrón de persecución contra líderes comunitarios
PRODEDH y la Provincia Franciscana advierten que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de persecución contra líderes comunitarios y religiosos en la región. Orbey Juárez, de 39 años, agricultor y electricista, se desempeña desde 2025 como subcoordinador de la capilla "La Esperanza", mientras que José Julián López Juárez ejerce como ministro extraordinario de la Comunión.
"La fe y el servicio comunitario no pueden convertirse en motivo de persecución. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de vulnerarlos", subraya el comunicado conjunto de las organizaciones.
Las denunciantes señalan que la actuación de la FRIP, presentada oficialmente como una estrategia de seguridad, ha generado en los hechos un clima de miedo, desconfianza y terror en las comunidades, marcado por:
- Detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales
- Tortura física y psicológica sistemática
- Criminalización de personas inocentes
- Grave retroceso en materia de derechos humanos
Exigencias concretas y llamado a la acción
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones y la comunidad religiosa exigen:
- Libertad inmediata e incondicional de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez
- Que la FGE reconozca las violaciones al debido proceso
- Investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los actos de tortura
- Clarificación de las contradicciones en las versiones oficiales
- Cese del hostigamiento contra integrantes de la Parroquia de San Dionisio y la Orden Franciscana
Finalmente, hicieron un llamado urgente a la comunidad religiosa y a la sociedad chiapaneca a no guardar silencio ante la injusticia, y a exigir que prevalezca la verdad y la justicia sobre lo que califican como "simulación institucional que hoy mantiene en prisión a personas inocentes".
