Comuneros de Arantepacua incendian camión y protestan en la FGE de Morelia por masacre
Este lunes, en el marco del noveno aniversario de la masacre del 5 de abril de 2017, integrantes de la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, llevaron a cabo una protesta frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Morelia. Los manifestantes exigen justicia por los graves hechos de violencia ocurridos durante un operativo estatal que dejó un saldo trágico en su comunidad.
Exigencias y acciones de los manifestantes
Durante la manifestación, los comuneros de Arantepacua causaron destrozos significativos en varias dependencias gubernamentales, incluyendo las oficinas de la Secretaría de Educación Estatal de Michoacán, la Fiscalía Estatal y el Infonavit. Además, en un acto de protesta más radical, quemaron dos camiones repartidores, lo que generó alarma y movilización de autoridades locales. Los manifestantes han anunciado que también se movilizarán hacia el Poder Judicial Federal para ampliar sus demandas, lo que ha llevado al cierre de la circulación en el periférico Paseo de la República, afectando el tráfico en la zona.
Contexto del caso Arantepacua
El 5 de abril de 2017, elementos de las fuerzas de seguridad de Michoacán realizaron un operativo en la comunidad de Arantepacua, derivado de un conflicto entre comunidades indígenas. Este operativo desencadenó en un violento enfrentamiento con los pobladores, resultando en la muerte de cuatro comuneros. Según reportes de medios locales, además de los fallecidos, el saldo incluyó una docena de lesionados, casi 48 detenidos y 10 casos documentados de tortura, lo que ha sido catalogado como una masacre por organizaciones de derechos humanos.
Avances recientes en la investigación
A finales de marzo de 2026, la FGE de Michoacán giró una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador del estado, vinculado al caso Arantepacua. Se le imputan los delitos de abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado. Asimismo, la Fiscalía ordenó la detención de 14 policías y el exsecretario de seguridad, acusados de los mismos delitos. Estos movimientos judiciales han reavivado las demandas de justicia por parte de la comunidad, que sigue esperando respuestas concretas y sanciones para los responsables.
Impacto y reacciones
La protesta de hoy subraya la persistente indignación y el dolor en la comunidad purépecha, que lleva casi una década luchando por verdad y reparación. Los actos de vandalismo y la quema de vehículos reflejan la frustración ante la lentitud de los procesos judiciales y la falta de avances significativos. Autoridades estatales han llamado al diálogo, pero los comuneros insisten en que no cesarán sus movilizaciones hasta que se haga justicia plena por las víctimas de la masacre.
