Familia de niño con Síndrome de Down rechaza nombramiento de funcionaria que lo discriminó en Hidalgo
En Hidalgo, la familia de Daniel, un menor con Síndrome de Down que fue víctima de discriminación en 2018 al ser expulsado de clases de natación, ha expresado su firme rechazo al reciente nombramiento de Fátima Lorena Baños Pérez como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del estado. Este caso, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destaca por las graves acusaciones de violación a derechos humanos contra la funcionaria.
Un caso de discriminación que marcó un precedente nacional
Los hechos se remontan a 2018, cuando Daniel, entonces de siete años, fue inscrito en un grupo de natación del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) para potenciar sus capacidades sociales y psicomotoras. Sin embargo, fue separado abruptamente de sus compañeros bajo el argumento de que "los discapacitados tienen que estar con los discapacitados", según denunció su familia. En ese momento, Fátima Baños se desempeñaba como directora del Inhide, y su gestión fue señalada como responsable de esta acción discriminatoria.
Tras un proceso legal iniciado por los padres, en 2021 se les otorgó un amparo que obligaba a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) a emitir un dictamen. Aunque inicialmente este fue negativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 81/2020, que reconoció el daño causado al menor y estableció un precedente para las infancias con discapacidad. Además, la SCJN determinó en el amparo 162/2021 que bajo la gestión de Baños se omitieron los "ajustes razonables" para el deporte inclusivo, violentando el derecho a la inclusión.
Repercusiones legales y falta de reparación del daño
Fátima Baños fue vinculada a proceso junto con otros funcionarios por el delito de discriminación en el juicio 225/2020, marcando otro precedente en su historial. Aunque obtuvo una salida alterna, la familia de Daniel denuncia que no cumplió con el reconocimiento del daño y la emisión de una disculpa pública adecuada, ya que la ofrecida fue en una audiencia privada y sin dimensionar el agravio.
Neptalí Reyes Bolaños, padre del menor, expresó su indignación: "El nombramiento de una persona con antecedentes probados de discriminación hacia un menor con discapacidad no es solo una falta administrativa, es una contradicción ética que invalida la autoridad moral del organismo encargado de formar a quienes imparten justicia en nuestro estado". Insistió en que la trayectoria de Baños está vinculada a hechos que han avergonzado el historial de derechos humanos en Hidalgo.
Cuestionamientos sobre la idoneidad y transparencia del nombramiento
La familia también cuestiona la efectividad de las capacitaciones en derechos humanos que Baños debía cumplir como parte de las garantías de no repetición. Estas fueron validadas por un juez basándose en certificados expedidos por el Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo (CEUMH), institución propiedad de su padre, el exsecretario de Turismo Eduardo Javier Baños Gómez, lo que genera dudas sobre una real sensibilización.
Antes de su designación en el Inhide en 2016, Fátima Baños, entonces de 24 años, no tenía experiencia en servicio público o deportes, solo había contendido sin éxito por una diputación local con el PVEM y dirigido la preparatoria de la escuela de su padre. En su nuevo cargo, tampoco cuenta con carrera judicial, lo que aumenta las preocupaciones sobre su idoneidad.
Reyes Bolaños hizo un llamado a la sociedad civil y al público en general para cuestionar este nombramiento, subrayando que "un cargo que exige máxima honorabilidad no puede ser ocupado por quien tiene antecedentes probados de discriminación y violación de derechos humanos hacia un menor con discapacidad". Este caso sigue siendo un recordatorio de la lucha contra la discriminación y la importancia de la transparencia en la función pública.
