DIF impulsa creación de Registro Nacional para menores huérfanos por feminicidio
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha presentado oficialmente el proyecto para la creación de un Registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento de las facultades legales del organismo y responde a obligaciones internacionales derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso García Andrade y otros contra México.
Una herramienta de coordinación interinstitucional
La implementación de este Registro, que tendrá acceso restringido únicamente a las autoridades participantes, permitirá identificar oportunamente a las víctimas indirectas del feminicidio para garantizar su protección integral y la restitución plena de sus derechos. El proyecto contempla la participación coordinada de diversas dependencias federales:
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Secretaría de Educación Pública (SEP)
- Secretaría de Bienestar
- Secretaría de las Mujeres
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
- Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México
Respuesta institucional a una realidad invisible
La titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, señaló durante la presentación que "la orfandad por feminicidio no puede ser una realidad invisible", por lo que la respuesta institucional debe ser integral, articulada y sostenida en el tiempo. García Pérez enfatizó que la construcción de este Registro nacional representa una herramienta fundamental de coordinación interinstitucional que tendrá un papel crucial en los aspectos operativos y éticos.
"Este registro será un paso decisivo para que la atención integral y reparación del daño dejen de ser aspiraciones y se conviertan en una política pública efectiva", afirmó la funcionaria.
Compromiso del Estado mexicano
Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, manifestó durante la Reunión de trabajo interinstitucional que la violencia feminicida no solo arrebata la vida de las mujeres, sino que también deja profundas huellas y deshace comunidades y familias completas. Los niños, niñas y adolescentes se convierten así en víctimas indirectas de un delito que genera graves afectaciones en su desarrollo emocional, social y económico.
"La coordinación y participación de todos los que estamos hoy aquí refleja el compromiso del Estado mexicano con una de sus responsabilidades más sensibles y urgentes", comentó Godoy Ramos, destacando la necesidad de proteger y garantizar los derechos de los menores que han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia extrema cometida contra sus madres.
Identificación y reconocimiento de víctimas indirectas
La procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, explicó que los efectos del feminicidio trascienden a la víctima directa y generan consecuencias profundas y de largo plazo en la vida de sus familiares, especialmente en los menores de edad.
El registro permitirá identificar oportunamente a estas víctimas indirectas para garantizar su protección, atención integral y la restitución plena de sus derechos a través del acompañamiento institucional. "Desde el DIF Nacional queremos impulsar acciones de promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes", afirmó Salas Ambriz, subrayando que la intención de esta iniciativa es reconocer a las víctimas indirectas y visibilizar a los menores afectados por esta tragedia.
Esta reunión de trabajo se inscribe en las facultades de coordinación y articulación institucional que corresponden al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de avanzar en la construcción de herramientas que permitan identificar oportunamente a esta población vulnerable y asegurar una respuesta del Estado acorde con sus derechos fundamentales.
