Revisión del Registro de Desaparecidos en México Genera Controversia por Metodología y Opacidad
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), reconociendo la existencia de 132,534 personas desaparecidas en el país. Sin embargo, especialistas y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre errores metodológicos graves, falta de fundamento legal en las clasificaciones presentadas y la evidencia de que las fiscalías son las principales responsables de las deficiencias en el registro.
Las Tres Clasificaciones Cuestionadas
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó cifras actualizadas al 26 de marzo, estableciendo tres categorías principales:
- Casos con datos insuficientes (36%): 46,742 registros carecen de información básica como nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de desaparición, lo que "impide prácticamente la búsqueda", según la funcionaria.
- Casos sin actividad a la fecha (33%): 43,128 personas no muestran movimiento en cruces con bases de datos. De estas, solo 3,869 tienen Carpeta de Investigación abierta.
- Casos con actividades posteriores (31%): 40,308 registros muestran trámites administrativos después de la desaparición, de los cuales se han localizado 5,269 personas.
Críticas de Especialistas y Familiares
El abogado Jorge Verástegui, quien busca a familiares desaparecidos desde 2009, consideró que estas clasificaciones no tienen fundamento legal y evidencian que "las fallas proceden de las fiscalías". Señaló que ni la Comisión Nacional de Búsqueda ni otras autoridades han podido requerir a los ministerios públicos los datos básicos de estos casos.
César Contreras, abogado del Centro Prodh, advirtió que el escaso número de Carpetas de Investigación refleja un problema metodológico grave, ya que solo se contabilizan delitos tipificados específicamente como desaparición, excluyendo casos clasificados como secuestro, trata o privación ilegal de libertad.
Preocupación por Invisibilización de Víctimas
Una docena de organizaciones encabezadas por Fundar denunciaron en un comunicado que "reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas". Manifestaron especial preocupación por la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, lo que podría "minimizar la gravedad de la crisis".
Fallas en el Proceso de Registro
Contreras destacó que el 90% de los registros del RNPDNO han sido incorporados por fiscalías y comisiones de búsqueda, por lo que "si falta información es responsabilidad del Estado". Criticó que en lugar de reconocer esta responsabilidad, el gobierno parece decir "no vamos a buscar a estas personas".
Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel desaparecida en 2015, reveló que en el registro de su hija apenas se llenó el 5% de los campos. "Si la CNB está tan interesada en que este registro sea bueno, que ocupe a sus comisiones locales y les diga: 'siéntate con cada familia y llénales todos los campos'", exigió.
Lecciones del Fallido Censo Anterior
Los especialistas recordaron el fracaso del "censo" de desapariciones impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, abandonado debido a falsificación de firmas, pérdida de formularios y borrado irregular de nombres del registro oficial. Javier Espinosa, integrante de la Red Nacional de Búsqueda, señaló que el error más grave fue apostar por un "método" de localización sin acompañamiento especializado a las familias.
Verástegui calificó como "insultante para todas las familias" la categoría de casos con actividades posteriores a la desaparición, pues pareciera interesar más al gobierno el "control de daños" para reducir cifras que la búsqueda real. "No puede haber una localización hasta que efectivamente se encuentre a la persona", sostuvo Contreras, para quien estos indicios son apenas una línea de investigación que no sustituye un plan de búsqueda integral.
Las organizaciones lamentaron finalmente la falta de "una convocatoria amplia, transparente y abierta" en la presentación de esta revisión, ya que la información se compartió apenas un día antes con un grupo reducido de representantes de colectivos.
