Gobierno mexicano rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como "tendencioso, parcial y sesgado" el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED), que determinó que los casos en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores agregaron que el reporte estuvo "agravado por conflictos de interés de algunos de sus integrantes".
La figura del experto francés en el centro de la controversia
Sin mencionar nombres directamente, el gobierno mexicano señaló que "existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano". Por el contexto de la respuesta oficial, que hace referencia a informes presentados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre desapariciones en Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz, el experto aludido sería Olivier de Frouville.
Originario de Francia, De Frouville cuenta con una trayectoria de más de 25 años dentro del sistema de derechos humanos de la ONU. Fue representante de la FIDH durante las negociaciones de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos (1995-1998) y en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2003-2006).
Trayectoria y posibles conflictos de interés
Después de colaborar en la redacción de la Convención Internacional que dio origen al CED, De Frouville se dedicó a la academia mientras servía como experto independiente en:
- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2008-2014)
- El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015-2018)
- En 2019 fue elegido miembro del CED para dos mandatos de cuatro años cada uno
En 2023, De Frouville fue elegido presidente del CED, cargo del que fue relevado por el ecuatoriano Juan Albán Alencastro, quien anunció la decisión del Comité de elevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU.
Organizaciones civiles critican la postura del gobierno
La reacción del Estado mexicano ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas:
- Centro de Análisis e Investigación Fundar
- Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad)
- Data Cívica
- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
- Justicia Pro Persona
- Departamento de Incidencia de la Universidad Iberoamericana
En un pronunciamiento conjunto, estas organizaciones consideraron que "denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica de México en su aspiración democrática, que no debería tomar". Señalaron que la soberanía "se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria".
La dimensión de la crisis de desapariciones en México
Las organizaciones firmantes advirtieron que "mientras la cifra de desaparecidos continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere 99%, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente". Denunciaron que el Estado mexicano "ha fallado en la implementación de herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses" y ha acumulado en instituciones forenses "más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar".
Calificar de 'falto de rigor' el diagnóstico del CED frente a esta tragedia representa, según las organizaciones, "una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias que buscan con sus propias manos".
Llamado a cambiar la actitud gubernamental
Ante la respuesta del gobierno de Sheinbaum, las organizaciones hicieron un "llamado enérgico" para que:
- Abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis
- Acepte la asistencia internacional propuesta, reconociendo que las capacidades nacionales han sido superadas
- Dialogue con las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias
"La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para atender una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente", puntualizaron las organizaciones civiles.
Esta postura del gobierno de la Cuarta Transformación continúa la práctica de administraciones anteriores de rechazar informes sobre la situación de derechos humanos elaborados por organismos internacionales, aunque en esta ocasión se ha añadido la alusión a un presunto "conspiracionismo" contra México.
