De la cabeza fría a la cabeza caliente: Sheinbaum y el informe de la ONU
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado una notable tolerancia y mesura durante su gestión, especialmente ante los comentarios provocativos de su homólogo estadounidense Donald Trump, una postura que ella misma ha descrito como de "cabeza fría". Sin embargo, esa actitud se evaporó abruptamente esta semana ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que documenta la crisis de este flagelo en México. Sheinbaum reaccionó con "cabeza caliente", mostrando cero diplomacia y descalificando el contenido del documento, lo que ha generado críticas y preocupación.
Una reacción que aleja a las víctimas
La Presidenta fue nuevamente mal asesorada, según analistas, al defender inicialmente a los Gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) de lo que calificó como "ataques" del Comité. Esta postura le ha hecho perder el terreno ganado en empatía y acercamiento hacia los colectivos de desaparecidos, un vínculo que su administración había comenzado a construir hace más de un año. Este proceso se inició tras el escándalo del Rancho Izaguirre en marzo de 2025, que no solo reveló privaciones ilegales de la libertad, sino que también visibilizó como nunca el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.
Los grupos de madres buscadoras, quienes día tras día salen con palas y varillas en mano para localizar a sus seres queridos en fosas clandestinas, vieron con malos ojos que Sheinbaum descalificara el informe. El documento detalla una problemática que, según ellas, está "a la vista de todos" y que mantiene a sus familias en un estado de "muertas en vida". La reacción presidencial, lejos de ofrecer consuelo, ha exacerbado la desconfianza hacia las autoridades.
Inconsistencias y defensas gubernamentales
Sheinbaum, junto con el Gobierno, la clase política morenista y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), argumentó que el informe de la ONU es "tendencioso" y "sesgado", citando inconsistencias metodológicas. La única crítica acreditada es que el Comité basó su análisis en datos disponibles hasta octubre de 2025, omitiendo esfuerzos y avances presentados a fines de marzo de 2026. En esa actualización, el Gobierno mexicano reconoció 130 mil desapariciones y presumió un mayor acercamiento y apoyo a los colectivos de madres buscadoras.
Sin embargo, el informe de la ONU no acusa a México de tener una política de Estado al estilo Pinochet, como han reprochado voces oficiales. En cambio, señala la "sistematicidad" en la participación de agentes del Estado en desapariciones forzadas, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo claro es el caso de Jalisco, donde de 2018 a marzo de 2026 al menos 340 policías han sido vinculados a proceso por su implicación en este delito.
La impunidad y la necesidad de ayuda internacional
Las autoridades mexicanas insisten en que la mayoría de las desapariciones son cometidas por la delincuencia organizada, una afirmación probablemente cierta. No obstante, esto no mitiga la gravedad de la situación, ya que el Estado no ha logrado frenar estos crímenes, y la impunidad supera el 90% de los casos, tal como destaca el informe de la ONU. Esta realidad expone fallas estructurales en la capacidad de las autoridades para enfrentar a los grupos delictivos.
Es comprensible que Sheinbaum quiera evitar que el caso llegue a la Asamblea General de la ONU, una medida propuesta por el Comité debido a la crisis que, lejos de detenerse, ha crecido en las últimas dos décadas. Sin embargo, ante las evidentes omisiones y deficiencias, la ayuda internacional podría ser beneficiosa para abordar este delito, considerado uno de los más crueles y dolorosos que afectan a miles de familias en México. La reacción de "cabeza caliente" de la Presidenta, aunque comprensible desde una perspectiva política, podría obstaculizar los esfuerzos para lograr justicia y reconciliación en un tema tan sensible.
