La justicia de Kenia dictaminó que el aborto no está protegido constitucionalmente, salvo excepciones limitadas. El viernes, un tribunal de apelación de Malindi, en el sureste del país, determinó que el aborto no es un derecho fundamental, por lo que las detenciones de médicos que lo practican o de sus pacientes son legales. Esta decisión revoca un fallo previo de primera instancia que había calificado el acceso al aborto como un derecho fundamental.
Contexto legal y social en Kenia
Kenia es un país cristiano en un 80 por ciento y profundamente religioso. Su Constitución de 2010 autoriza a los profesionales sanitarios a practicar el aborto si la vida o la salud de la madre está en peligro. Sin embargo, algunas disposiciones del código penal, que datan de la época colonial, siguen prohibiéndolo estrictamente. Esta ambigüedad legal genera confusión y riesgos para las mujeres.
Según el Center for Reproductive Rights (CRR), cada día mueren siete kenianas a causa de abortos no medicalizados, debido a la ambigüedad legal en torno a la interrupción voluntaria del embarazo y al tabú que lo rodea. La falta de claridad legal y el estigma social contribuyen a que muchas mujeres recurran a procedimientos inseguros.
El fallo del Tribunal de Apelación
Los jueces del Tribunal de Apelación de Malindi dictaminaron: "El aborto no es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Al contrario, la Constitución lo prohíbe expresamente, pero prevé excepciones, en circunstancias limitadas, en las que puede estar permitido". Además, añadieron: "Los derechos constitucionales no pueden, por sí mismos, impedir una investigación adecuada, la imputación y el enjuiciamiento de los presuntos delitos en cuestión".
El caso resuelto el viernes se remonta a septiembre de 2019, cuando un médico, Salim Mohame, y una adolescente de 16 años fueron detenidos en un hospital de Kilifi, cerca de Malindi, en la costa keniana. Según el CRR, la joven acudió de urgencia a la clínica alegando complicaciones relacionadas con su embarazo, en particular dolores y hemorragias, y el médico, tras diagnosticar un aborto espontáneo, la trató en consecuencia.
Acusaciones y detenciones
Ambos fueron acusados: el médico, de haberle suministrado un medicamento que le permitió evacuar el feto muerto; y la joven, de haber utilizado ese medicamento con el propósito de abortar. El médico estuvo encarcelado una semana y su paciente, un mes por no pagar la fianza, según la oenegé.
En marzo de 2022, un tribunal había anulado sus imputaciones, pero también había calificado el acceso al aborto como un "derecho fundamental". Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó estas conclusiones, generando serias preocupaciones entre organizaciones de derechos reproductivos.
Reacciones y consecuencias
El CRR reaccionó en un comunicado: "Hoy, (...) el Tribunal de Apelación ha revocado estas conclusiones. Esta decisión suscita serias preocupaciones". La organización advierte que el fallo podría aumentar el número de abortos inseguros y muertes maternas en Kenia, donde el acceso a servicios de salud reproductiva ya es limitado.
La decisión judicial reabre el debate sobre los derechos reproductivos en Kenia y plantea interrogantes sobre la protección legal de las mujeres y los profesionales de la salud en un contexto de profundas divisiones sociales y religiosas.
