UNAM exige regulación legal vinculante para combatir violencia digital contra mujeres
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante su Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), ha emitido un pronunciamiento público exigiendo la creación de una regulación jurídica obligatoria para las plataformas digitales, con el objetivo primordial de frenar la creciente violencia que enfrentan las mujeres en internet. Este posicionamiento surge como respuesta crítica al primer acuerdo de colaboración voluntaria anunciado por el gobierno federal con empresas tecnológicas para abordar esta problemática.
Acuerdo voluntario considerado insuficiente
El acuerdo, presentado el 11 de marzo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue firmado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con gigantes tecnológicos como Google, Meta Platforms y TikTok. Sin embargo, según el análisis del PUEDJS, aunque representa un avance en el reconocimiento formal de la violencia en internet, resulta completamente insuficiente frente a la magnitud real del problema.
Los compromisos voluntarios carecen de mecanismos exigibles jurídicamente, no establecen obligaciones que puedan reclamarse ante tribunales, no incluyen sistemas de verificación independiente y, lo más preocupante, no contemplan sanciones legales en caso de incumplimiento por parte de las plataformas. Esta situación, advierte el organismo académico, perpetúa una peligrosa asimetría de poder que fortalece el modelo de autorregulación corporativa mientras reduce significativamente la rendición de cuentas.
Violencia estructural amplificada por algoritmos
Especialistas del Tlatelolco Lab, laboratorio de investigación del PUEDJS, han señalado que la violencia digital dirigida específicamente contra las mujeres no constituye únicamente el resultado de conductas individuales aisladas. Por el contrario, representa una problemática estructural compleja que las propias plataformas pueden incentivar o amplificar mediante sus sistemas algorítmicos de recomendación y viralización de contenido.
Entre las formas más comunes de violencia en línea identificadas se encuentran:
- Hostigamiento coordinado por grupos organizados
- Difusión no consentida de imágenes íntimas
- Acoso sistemático y prolongado
- Campañas de odio con discursos misóginos
Estas prácticas, según las investigaciones del laboratorio, frecuentemente evaden los mecanismos de moderación de contenido implementados por las plataformas y, en numerosos casos, se ven potenciadas por la lógica de viralización inherente a las redes sociales.
Llamado urgente a un marco regulatorio con fuerza de ley
Ante este panorama alarmante, el PUEDJS subraya que la protección efectiva de las mujeres frente a la violencia digital no puede depender exclusivamente de acuerdos voluntarios ni de la discrecionalidad de las empresas tecnológicas. Por ello, ha realizado un llamado contundente a construir un marco regulatorio con auténtica fuerza de ley que establezca obligaciones claras y exigibles para las plataformas digitales.
Entre las medidas regulatorias propuestas se incluyen:
- Protocolos de atención expedita a denuncias de violencia digital
- Mecanismos verificables e independientes para la remoción de contenido violento
- Transparencia total en los procesos de moderación de publicaciones
- Responsabilidad legal directa para las empresas cuando se distribuyan materiales que vulneren derechos fundamentales
El organismo también ha exhortado formalmente al Congreso de la Unión a legislar con urgencia en materia de regulación de plataformas digitales con perspectiva de género, con el objetivo fundamental de garantizar la no discriminación y una vida libre de violencia en redes sociales. Además, ha recordado que estos principios ya fueron planteados previamente en su Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales, documento donde se propone establecer límites claros a la violencia digital y fortalecer sustancialmente la protección de los derechos de las personas usuarias.
