Víctimas de represión policial en Xochimilco exigen justicia y cierre de investigaciones
Las víctimas de la represión policial ocurrida en la alcaldía Xochimilco el 5 de septiembre de 2024 han alzado la voz para exigir el cierre inmediato de las carpetas de investigación abiertas en su contra. Los afectados acusan directamente al gobierno de Clara Brugada de proteger a exfuncionarios implicados en los hechos, específicamente al exalcalde José Carlos Acosta y al exdirector Jurídico y de Gobierno, Francisco Pastrana, quienes actualmente ocupan cargos en la administración capitalina.
Recomendación histórica de la CDHCDMX
Durante la presentación de la recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), realizada en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco recibieron de manos de la presidenta del organismo, Dolores González Saravia, una resolución dirigida a múltiples instancias gubernamentales. Este documento histórico documenta:
- Represión policial en dos momentos distintos: en las inmediaciones de la alcaldía Xochimilco y la Coordinación Territorial Tlalpan
- Agresiones físicas y psicológicas contra manifestantes, toleradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX)
- La identificación de 29 víctimas cuyos derechos a la protesta, seguridad personal y seguridad jurídica fueron violentados
- Lesiones físicas y psicológicas documentadas en 27 personas
Testimonios desgarradores de las víctimas
Hortensia Telésforo Jiménez, una de las víctimas, recordó que el conflicto se originó en diciembre de 2022 cuando habitantes de San Gregorio protestaron contra un proyecto hídrico impuesto sin consulta previa. "Este acercamiento con las autoridades siempre ha estado lleno de violencia, de engaño, de represión", declaró con evidente dolor.
Pese a acuerdos firmados con el gobierno de Martí Batres, Telésforo señaló que el entonces alcalde José Carlos Acosta y Francisco Pastrana la acusaron de despojo, lo que llevó a la Fiscalía General de Justicia a abrir una carpeta de investigación en su contra. Esta criminalización motivó nuevas protestas que culminaron en la represión del 5 de septiembre de 2024.
Anselma Margarito Francisco, representante de la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, compartió un testimonio particularmente conmovedor: "Un grupo de choque y decenas de granaderos nos reprimieron, golpearon, persiguieron, discriminaron, acosaron, se burlaron de nuestra lengua, vestimenta y cultura, y peor aún, nos amenazaron con desaparecernos como a los 43 normalistas de Ayotzinapa".
Impunidad y protección gubernamental
Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Anáhuac, denunció con firmeza que "servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre siguen en total impunidad y son cobijados actualmente por el gobierno de la Ciudad de México".
Los datos respaldan esta acusación:
- El exalcalde José Carlos Acosta actualmente es director general de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas
- El exdirector jurídico Francisco Pastrana funge como subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Capacitación para el Trabajo y asesor del alcalde de Milpa Alta
- Desde estos cargos, según las víctimas, continúan operando contra los intereses de los pueblos originarios
Recomendaciones específicas y plazos establecidos
La primera visitadora, Sofía de Robina Castro, detalló las 13 recomendaciones formuladas a tres instancias gubernamentales, con plazos que van de 30 a 180 días para su cumplimiento:
Para la alcaldía Xochimilco y la SSC-CDMX:
- Realizar un acto de disculpa pública con compromiso de no repetición
- Instalar una mesa de trabajo con la Asamblea General Permanente para regular el uso de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan
- Registrar a 28 víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
- Presentar planes de reparación integral con atención médica y psicológica para 27 víctimas
Para la Fiscalía General de Justicia:
- Integrar la recomendación a la carpeta de investigación contra cinco activistas detenidas
- Determinar su situación jurídica considerando las irregularidades documentadas
- Informar sobre carpetas abiertas contra servidores públicos
- Integrar una carpeta por agresiones cometidas por el grupo de choque
Medidas de no repetición urgentes:
- Garantizar la aplicación de un protocolo de actuación en protestas sociales con enfoque diferenciado
- Crear indicadores de efectiva aplicación
- Mejorar la planeación de operativos durante manifestaciones
Un llamado a la justicia y la reparación
La presidenta de la CDHCMX, Dolores González Saravia, reconoció la profundidad de la lucha indígena: "Las luchas indígenas enfrentan con su resistencia a un sistema que destruye la naturaleza y los vínculos comunitarios". Destacó que el objetivo de esta recomendación, la primera de su mandato, es lograr "un deslinde de responsabilidades, que la justicia tenga reparación, pero también es un mensaje que quiere alcanzar otros pueblos y a las autoridades del gobierno de la Ciudad".
Este caso representa un episodio más en la larga historia de resistencia de los pueblos originarios que, en defensa de su territorio y derechos, continúan enfrentando amenazas, criminalización y violencia institucional. Las víctimas de Xochimilco esperan que esta recomendación histórica marque un punto de inflexión en su búsqueda de justicia y en la protección de sus derechos fundamentales.
