Poder Judicial de Coahuila delimita violencia vicaria como delito exclusivo contra mujeres
El Poder Judicial de Coahuila estableció criterios jurisprudenciales para que el delito de violencia vicaria se aplique únicamente en casos donde las mujeres son las víctimas, marcando un precedente constitucional significativo. Simultáneamente, el tribunal hizo un llamado formal al Congreso del Estado para realizar las modificaciones pertinentes al Código Penal local y así precisar esta figura legal.
Un criterio obligatorio para todos los jueces
La determinación, aprobada por unanimidad por los magistrados, se deriva del análisis presentado por el magistrado Luis Efrén Ríos. Este análisis surgió a raíz de una duda constitucional planteada por el juez Reynold Elguezabal Dávila, tras vincular a proceso a la doctora Stella "N" por este delito. Todos los jueces de la entidad deberán aplicar este nuevo criterio en sus respectivas jurisdicciones.
"La finalidad de este procedimiento es no resolver el caso concreto, sino resolver la interpretación constitucional que se puede dar en un caso concreto", explicó el magistrado de la Sala Penal. "Este Tribunal resuelve en abstracto la interpretación; nosotros, como Tribunal Constitucional, no resolvemos el asunto específico; eso le corresponde a la jurisdicción del juez".
De una interpretación neutra a una diferenciada por género
El magistrado Ríos detalló que, actualmente, el Código Penal de Coahuila define la violencia vicaria como un tipo de violencia familiar sin especificar un género, por lo que teóricamente se aplica por igual contra hombres y mujeres. "La interpretación que se propone es que no sea neutra, sino una interpretación diferenciada por género femenino para proteger los derechos de las mujeres", sostuvo con firmeza.
Para respaldar esta postura, presentó estadísticas reveladoras: desde 2021, las causas penales por violencia familiar han aumentado de 1,500 a 3,500, lo que evidencia, según sus palabras, una "violencia estructural". En el caso específico de la violencia vicaria, se han presentado 14 asuntos desde ese mismo año, donde en 13 la víctima fue una mujer y solo en uno fue un hombre, siendo este último el caso que generó la controversia nacional.
Efectos procesales y llamado al Congreso
La magistrada presidenta de la Sala Penal, Griselda Elizalde Castellanos, se enfocó en las consecuencias prácticas de esta resolución. Señaló que las causas penales en curso podrían derivar en sobreseimiento o en la reclasificación del delito. "Los efectos de un auto de vinculación a proceso se traducen en autorizar una investigación formalizada al Ministerio Público que puede llevar, incluso, a la reclasificación de los hechos", manifestó.
En su resolución, el tribunal determinó dar vista al Congreso del Estado para que configure de manera más precisa la violencia vicaria como un tipo de delito cometido exclusivamente en contra de las mujeres. Cabe recordar que esta figura fue incorporada al código penal en 2023 mediante una iniciativa presentada por la priista Luz Elena Morales, entonces presidenta de la Junta de Gobierno, a pesar de que existía otra propuesta de Morena que sí consideraba específicamente a la mujer como víctima.
Posición sobre denuncias falsas e interés superior de la niñez
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup, emitió un pronunciamiento personal donde abordó el tema de las denuncias falsas. "Hay que decirlo con firmeza: las denuncias falsas, provengan de quien provengan, no ayudan a las infancias y por el contrario las colocan en escenarios de conflicto que los dañan profundamente", afirmó.
Mery Ayup reiteró que los tribunales "no estamos para auspiciar venganzas familiares, ni tampoco para ser escenario donde se prolonguen disputas personales en prejuicio de los niños y niñas". Sus declaraciones hicieron referencia a colectivos como "No más hijos rehenes" y "Padres por la verdad", cuyos integrantes aseguran que denuncias falsas de violencia familiar han obstruido su convivencia con sus hijos.
El presidente del tribunal se reunió con representantes de estos colectivos días antes de que la doctora Stella "N" fuera detenida en Colima y obligada a presentarse ante el juzgado. En esa audiencia se le impuso una medida cautelar que inicialmente incluía vigilancia policial en su domicilio, posteriormente modificada para obligarla a presentarse a firmar periódicamente en un juzgado de dicho estado, hasta que se determine su situación jurídica definitiva.
Los magistrados también aclararon que, en casos donde los hombres sean víctimas de situaciones similares, el Código Penal establece otros delitos que podrían configurarse, incluyendo figuras como la violencia doméstica. Esta resolución sienta un precedente crucial en la interpretación y aplicación de la justicia con perspectiva de género en el estado de Coahuila.
