Los habitantes desplazados de cuatro comunidades de Montaña Baja, en Guerrero, no pueden regresar a sus viviendas a pesar del reforzamiento de la seguridad en la zona. Esto debido a los daños que presentan sus viviendas por los bloqueos y al miedo que les genera la violencia, por encima de los esfuerzos del gobierno federal y estatal.
Falta de confianza y daños materiales
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la situación sigue tensa porque las familias desplazadas aún no deciden bajar por temor a que la seguridad sea solo una acción esporádica. "No se sienten con las bases para asegurar que la gente puede regresar con tranquilidad", afirmó.
Entre los daños visibles en las viviendas se encuentran puertas, techos y muros destruidos. Barrera cuestionó si las autoridades ayudarán en la reparación: "¿Qué va a pasar con los daños en el sentido de que no hay condiciones como para regresar?"
Exigen justicia y desmantelamiento criminal
El activista indicó que la población afectada pide investigar a los agresores, ya que se registraron asesinatos en los últimos días. "Las comunidades piden que haya justicia, que haya investigación, que haya sobre todo una estrategia de cómo desmontar una estructura criminal que ya se asentó en la región".
Barrera detalló que en los últimos tres días hubo más de seis asesinatos y varias desapariciones. Señaló al grupo criminal Los Ardillos como responsable de las agresiones contra las comunidades de policía comunitaria, en disputas por territorios y economía criminal.
Presencia de Los Ardillos y base social
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Barrera explicó que Los Ardillos forjan su presencia en Montaña Baja a través del llamado Grupo de Paz y Justicia, acusados de múltiples asesinatos. "Lamentablemente, este grupo ha logrado construir una base social en las comunidades indígenas donde hay conflictos", agregó.
Se reportan cuatro personas desaparecidas. La gente pregunta qué pasará. Barrera instó a una acción decidida del gobierno para desmontar la estructura criminal, que aparenta ser un conflicto entre comunidades pero involucra a delincuentes.
Cifra de desplazados y necesidades
No hay cifras oficiales, pero se estiman más de 800 personas desplazadas de cuatro comunidades: Tula, Xicotlán, Huehuetlán y Alcozauca. Tras las primeras irrupciones armadas el 9 de mayo, más de 400 personas salieron de Tula y Xicotlán. Organizaciones hablan de más de 2 mil personas, pero falta el número real.
Barrera consideró insuficientes las despensas que llevan las fuerzas federales, pues no se ajustan a las costumbres alimentarias. "Se requiere dotar de toneladas de maíz, algo acorde a los hábitos alimenticios. Sí está faltando apoyo. Lo fundamental es la alimentación de las familias y niños, pues destruyeron sus reservas de maíz y animales", concluyó.
