Acción afirmativa en la CDMX: un modelo con luces y sombras
La Ciudad de México ha desarrollado uno de los sistemas más ambiciosos a nivel nacional para garantizar la representación política de poblaciones históricamente marginadas. Desde 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha impulsado activamente la postulación de candidaturas de personas jóvenes, con discapacidad, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y, más recientemente, adultas mayores. Los números reflejan un crecimiento significativo: de 12 fórmulas electas mediante acción afirmativa en 2018, se pasó a 20 en 2024; en las alcaldías, el incremento fue de 25 a 56. Sin embargo, un estudio encargado por el IECM al Colegio de México expone los desafíos que persisten tras estos avances cuantitativos.
Problemas en la acreditación y verificación
El primer obstáculo identificado radica en los procesos de acreditación. En 2018 y 2021, para postularse como persona con discapacidad, bastaba con una declaración de buena fe, sin que los partidos políticos tuvieran que aportar pruebas. En 2024, se introdujo un comprobante médico, pero el estudio lo califica como "mucho menos restrictivo" en comparación con los criterios aplicados a otros grupos. Esta laxitud ha generado registros con requisitos mínimos de verificación, como casos donde personas que usan lentes de aumento por miopía fueron postuladas para representar a la población con discapacidad. No se trata de situaciones aisladas, sino de una consecuencia directa del diseño normativo deficiente.
Para los grupos indígenas y pueblos y barrios originarios, el problema es diferente pero igualmente grave. Durante años, se confundieron dos colectividades con dinámicas, derechos y criterios de pertenencia distintos. La autoadscripción calificada, que exige demostrar un vínculo efectivo, documentado y comprobable con la comunidad, se aplicó de manera desigual en cada proceso electoral. Esto abrió espacios para simulaciones, documentadas en el estudio con expedientes concretos.
La brecha entre llegar y representar
El segundo problema es estructural: llegar a un cargo no siempre implica representar efectivamente a los grupos de atención prioritaria. El análisis de 2,109 iniciativas legislativas presentadas durante el primer año de cada legislatura revela que solo 494 buscaron representar a alguno de estos grupos. Si bien esto marca un avance, también señala un límite. La mayoría de la actividad legislativa de quienes accedieron por acción afirmativa no se orientó hacia el grupo que decían representar; solo el 20% de sus iniciativas se vinculó directamente con ese colectivo. Catorce diputaciones no presentaron una sola iniciativa relacionada durante su primer año.
No obstante, hay datos que matizan este panorama. Las diputaciones electas por acción afirmativa alcanzaron una tasa de efectividad legislativa del 15.4%, ligeramente superior al 12.25% del resto. Esto sugiere que abrir espacios puede modificar agendas y visibilizar temas, pero la presencia sin una agenda clara puede derivar en un modelo de representación incompleta.
Un llamado a la acción legislativa
El balance es claro: se han logrado avances en inclusión, pero persisten problemas críticos en la implementación. Los principales progresos han sido impulsados por las autoridades electorales, quienes han diseñado reglas, corregido omisiones y promovido el tema en contextos de resistencia política. Sin embargo, este ciclo ha mostrado sus límites.
Es momento de que los congresos asuman su responsabilidad. Se requieren normas claras, criterios verificables y reglas que no dependan de interpretaciones flexibles ni acuerdos cambiantes. La inclusión necesita anclarse en la ley para trascender de los números a resultados tangibles y una representación genuina. Sin este paso, el sistema seguirá mejorando en cifras, pero se quedará corto en impacto y efectividad.
