Consejero electoral advierte sobre riesgos de sobrerrepresentación en reforma presidencial
En la Ciudad de México, el consejero electoral Arturo Castillo ha expresado serias preocupaciones sobre la propuesta de reforma electoral presentada por la presidencia, señalando que esta iniciativa no corrige los problemas estructurales que se arrastran desde la reforma de 2009 y mantiene mecanismos que favorecen la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.
Preocupaciones sobre la distribución del poder legislativo
Durante una entrevista radiofónica, Castillo Loza destacó que, si bien la iniciativa contiene algunos aspectos positivos, presenta debilidades significativas que podrían afectar el equilibrio democrático. "Me preocupa profundamente la eliminación de la representación proporcional en la Cámara de Senadores", afirmó el consejero, explicando que este cambio permitiría una "sobrerrepresentación gigantesca de las fuerzas políticas mayoritarias" en la cámara alta.
En cuanto a la Cámara de Diputados, Castillo reconoció un avance al empoderar al electorado mediante listas desbloqueadas de representación proporcional, lo que permite a los ciudadanos decidir directamente qué candidatos ocuparán esos escaños. "Esto atiende un problema de larga data", señaló, refiriéndose a las críticas históricas sobre cómo los diputados de representación proporcional han sido percibidos como representantes de las cúpulas partidistas más que de la ciudadanía.
Sin embargo, el consejero electoral enfatizó que se mantiene la fórmula actual de asignación de diputaciones, la misma que desde 2009 ha generado controversias y que en 2024 estuvo cerca de provocar una crisis política. "No se corrige esa sobrerrepresentación que ha dado lugar a tantas discusiones", lamentó.
Advertencias sobre la concurrencia electoral
El consejero electoral también alertó sobre la inviabilidad de realizar elecciones judiciales de manera concurrente con los comicios para renovar 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados en 2027. "No sólo involucra recursos en todos los sentidos, sobre todo si piensan en reducir presupuesto y personal. Es inmanejable y además es ilegalmente incompatible", explicó Castillo.
La misma preocupación aplica para la posible revocación de mandato, que "implica una complejidad mucho mayor de organizar este ejercicio". El consejero describió esta combinación de procesos electorales como "un coctel que pone en riesgo la calidad democrática" del país.
Aspectos positivos y críticas presupuestales
Entre las fortalezas identificadas por Castillo se encuentran:
- La prohibición de dinero en efectivo en campañas, que mejora la fiscalización
- La regulación inicial del voto electrónico para algunos cargos
- El establecimiento de normas para el uso de inteligencia artificial en procesos electorales
- El empoderamiento del elector mediante listas desbloqueadas de representación proporcional
Sin embargo, el consejero rechazó enfáticamente la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que "no se debe pensar en elecciones más baratas, sino en que éstas sean más eficientes". Destacó que el presupuesto anual del órgano electoral representa apenas entre 2 y 5 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno federal.
Castillo también criticó la propuesta de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), señalando que esto sería "adverso a la eficiencia de las elecciones locales". Estos organismos son responsables de tareas fundamentales como instalar casillas en el territorio, revisar el gasto de campaña, monitorear medios de comunicación y tramitar la credencial de elector en estados y municipios.
Llamado al diálogo legislativo
Finalmente, el consejero electoral expresó su esperanza de que, antes de la dictaminación de la reforma, los responsables del INE sean invitados por la Cámara de Diputados para analizar estas propuestas en profundidad. "Confío en que se consideren estos puntos para aprobar una reforma electoral que realmente fortalezca nuestra democracia", concluyó Castillo, subrayando la importancia de un proceso legislativo inclusivo y técnicamente fundamentado.
