La carrera por la Presidencia Municipal de Zapopan apenas comienza, pero las reglas ya generan polémica
Según expertos en laberintos electorales, la contienda por la alcaldía de Zapopan está en sus primeras etapas, aunque algunos actores políticos sienten que les han cambiado el reglamento a mitad del partido. Recientemente, el Tribunal Electoral de Jalisco confirmó, de manera provisional, una norma que establece que en 2027 solo podrán competir mujeres por este municipio, con la condición adicional de que pertenezcan a grupos vulnerables, como indígenas, personas con discapacidades o miembros de la comunidad LGBT+. Esta decisión ha dejado fuera a otras aspirantes, generando un escenario inédito y controvertido.
Más de un candidato o candidata ya ha guardado su traje de campaña, pero la calma es necesaria, ya que el asunto dista mucho de estar resuelto. Se recuerda que este es apenas uno de los juicios en curso, pues todavía hay 37 impugnaciones pendientes en el Tribunal local. En Zapopan, nadie puede cantar victoria ni derrota prematuramente, ya que también se preparan impugnaciones en dos instancias adicionales: la Sala Guadalajara y la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.
Plan B electoral de Sheinbaum se vuelve más ambicioso y complejo
En San Lázaro, se comenta que el famoso Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha resultado más ambicioso de lo que algunos anticipaban. Inicialmente, se especulaba que bastaría con reformas a leyes secundarias, aprobables con mayoría simple. Sin embargo, el senador Ricardo Monreal ha anunciado que el nuevo paquete será una reforma constitucional, lo que cambia por completo el tablero político.
Entre las propuestas se incluyen reducir integrantes y presupuesto de los Congresos locales y Ayuntamientos, ajustar fechas para la revocación de mandato presidencial y la elección de jueces, incorporar temas electorales a consultas populares y disminuir sueldos en el Instituto Nacional Electoral (INE). Estas ideas suenan fuertes en el discurso, pero exigen una mayoría calificada para su aprobación, lo que plantea la pregunta inevitable en los corrillos políticos: ¿será este un Plan B exitoso o un segundo tropiezo presidencial? Algunos analistas afirman que podría pasar, argumentando que ahora no afecta directamente a los partidos políticos.
Campeche: advertencias severas tras protestas del 8M
En Campeche, la movilización por el Día Internacional de la Mujer (8M) no solo dejó consignas y pancartas, sino también una advertencia que sonó más a sentencia. La gobernadora Layda Sansores ha planteado la posibilidad de imponer penas de hasta 37 años de prisión para manifestantes acusadas de incendiar escudos policiales o edificios durante las protestas. Sansores dejó claro que marchar es una cosa, pero prender fuego a propiedades es otra muy distinta.
Este anuncio ha abierto un intenso debate: ¿se trata de una defensa necesaria del orden público o de una mano dura excesiva? Mientras algunos aplauden la medida como un freno a los destrozos, otros advierten que criminalizar la protesta puede tener costos políticos elevados. Por ahora, la gobernadora ha dejado en claro que en Campeche, la línea entre la protesta legítima y el delito podría resultar en sentencias largas, marcando un precedente en la gestión de manifestaciones sociales.
