Elecciones en Colombia revelan brecha persistente en representación femenina
Las elecciones legislativas celebradas en Colombia el pasado 8 de marzo han dejado una fotografía que trasciende la mera repartición de escaños y curules. Más allá de analizar quién ganó y quién perdió, estos comicios invitan a reflexionar sobre qué tan incluyentes son realmente las democracias latinoamericanas en la actualidad. En este terreno, los preconteos avanzan una verdad incómoda pero necesaria: la paridad de género no llega por inercia, ni como consecuencia natural del ejercicio del voto. Es, fundamentalmente, el resultado de reglas claras y mecanismos eficaces diseñados para contener la violencia política de género y garantizar una participación equitativa.
Los números que hablan: una representación todavía desigual
Colombia eligió 102 escaños del Senado y 183 curules de la Cámara de Representantes en estos comicios. Sin embargo, la magnitud numérica no es lo más relevante, sino la distancia evidente entre el discurso igualitario y sus resultados concretos. Aunque el país ha avanzado hacia normativas más favorables para la inclusión de las mujeres, su representación política sigue estando lejos de una lógica paritaria genuina.
Los datos del preconteo son elocuentes: apenas el 31.4% de los escaños del Senado fue ganado por mujeres, mientras que, con un porcentaje aún menor, solo el 29.8% de las curules de la cámara baja serán ocupadas por legisladoras. Este desfase significativo no es casualidad, sino que tiene una explicación institucional profunda.
El problema de fondo: normas insuficientes y violencia política
En Colombia, la legislación ha reforzado la inclusión de mujeres en determinadas listas electorales, pero no impuso una alternancia obligatoria entre hombres y mujeres. Esta diferencia técnica resulta decisiva en la práctica. Cuando la norma permite cumplir con la cuota sin ordenar una ubicación competitiva de las candidaturas femeninas, los partidos políticos conservan un margen amplio para simular apertura mientras, simultáneamente, reservan los espacios más viables y con mayores probabilidades de éxito para los hombres.
Además, las fuerzas políticas tienen la posibilidad de elegir entre presentar listas preferentes o no preferentes, lo que genera una instrumentalización del sistema que perpetúa la desigualdad de manera jurídicamente sofisticada. Por esta razón, conviene mirar no solo cuántas mujeres resultan electas finalmente, sino en dónde comienza exactamente la exclusión.
Las candidaturas de mujeres rondaban apenas cuatro de cada diez postulaciones totales. El problema se origina en la antesala de los comicios, cuando los partidos avalan candidaturas, definen la posición en las listas, reparten recursos económicos y priorizan la visibilidad mediática. Aunque este momento sea menos visible que la jornada electoral misma, ahí se decide buena parte de la representación futura y las probabilidades reales de victoria en el tarjetón.
La violencia política: un factor determinante y alarmante
Existe otro factor que no puede considerarse secundario bajo ningún concepto: la violencia política contra las mujeres. En Colombia, ONU Mujeres documentó que casi el 77% de las candidatas a las elecciones territoriales de 2023 sufrió algún tipo de violencia durante la campaña electoral. Esta cifra impactante dialoga directamente con la calidad de la democracia, donde participar en política implica, para muchas mujeres, asumir un costo diferenciado y cotidiano que sus pares masculinos no enfrentan en la misma medida.
Las brechas de género en el acceso a cargos de elección popular suelen producirse, como sabemos, al seno de los institutos políticos y en el andamiaje jurídico que los regula. Por eso, resulta ilustrativo observar referencias internacionales como el caso de México.
La lección mexicana: reglas que transforman realidades
La reforma constitucional mexicana de 2019 en materia de paridad amplió la exigencia de igualdad a todos los cargos públicos y consolidó una visión más robusta que la mera cuota de candidaturas. Sus efectos fueron visibles y medibles: más allá de la postulación formal, cada vez más espacios de poder tuvieron una conformación genuinamente paritaria.
Posteriormente, la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género agregó un componente indispensable: reconocer que no basta con abrir el acceso si no se protege activamente a quienes deciden entrar al ámbito político. Aunque México no es un modelo perfecto, deja una lección útil para toda la región latinoamericana: las reglas importan, y mucho.
Importa el orden específico de las listas electorales, si la paridad es vertical y horizontal simultáneamente, si existen sanciones efectivas por incumplimiento, y si el Estado reconoce la violencia política como una forma específica y grave de exclusión democrática. Será crucial observar la aplicación práctica de la Ley 2453 de 2025 en materia de violencia contra las mujeres en política colombiana. Sin esa arquitectura normativa sólida, la representación de las mujeres queda expuesta a la discrecionalidad y los intereses particulares.
Conclusiones: hacia una democracia realmente inclusiva
Es cierto que las cuotas por sí solas no eliminan las dinámicas estructurales que reproducen la desigualdad de género en la sociedad. Sin embargo, sí contribuyen decisivamente a generar condiciones más equitativas de competencia política, abriendo paso a una presencia efectiva y sustantiva de mujeres en espacios de poder donde su participación no sea accesoria, sino fundamental.
Las elecciones colombianas de marzo han dejado en evidencia que el camino hacia la paridad genuina requiere más que buenas intenciones: exige normas claras, mecanismos de aplicación rigurosos y una protección integral contra la violencia política. Solo así las democracias latinoamericanas podrán avanzar hacia una representación que refleje verdaderamente la composición de sus sociedades.
