Minorías frenan la hegemonía: cuatro años como dique de contención de Morena
Tal como ocurrió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el siglo XX, el bloque opositor y aliados rebeldes han funcionado como un muro de contención en cuatro ocasiones específicas, impidiendo que el oficialismo cambie las reglas electorales que lo llevaron al poder. Este fenómeno político refleja un patrón histórico de resistencia democrática que se remonta a décadas anteriores.
Cuatro momentos clave de resistencia parlamentaria
Desde el año 2022, las minorías parlamentarias han demostrado su capacidad para frenar iniciativas del gobierno en momentos decisivos:
- Diciembre de 2022: El Partido Acción Nacional (PAN), el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) lograron detener la primera reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.
- Junio de 2023: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el llamado "Plan B" legal, después de que la oposición presentara impugnaciones fundamentadas.
- 11 de marzo de 2026: El pleno de San Lázaro rechazó la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta ocasión histórica, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se unieron al bloque opositor.
- 25 de marzo de 2026: En el Senado de la República, el PT -con apenas seis legisladores- bloqueó los cambios propuestos a la revocación de mandato, dejando a Morena y al Verde a solo cinco votos de alcanzar la mayoría calificada necesaria.
El ADN histórico de la resistencia democrática
En la obra La mecánica del cambio político en México, los analistas Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg explican detalladamente cómo la reforma electoral de 1977 -aunque originalmente diseñada para frenar los movimientos guerrilleros- permitió que las minorías políticas iniciaran la transformación democrática del país. Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), coincide plenamente en que la unión de las fuerzas minoritarias fue precisamente lo que rompió el monopolio político del PRI, logrando la alternancia en el poder y la creación de instituciones autónomas fundamentales.
Entre 1977 y 2014, México experimentó ocho reformas electorales esenciales para su desarrollo democrático, todas ellas nacidas del consenso político y la aportación constructiva de las minorías parlamentarias. Este contexto histórico resulta fundamental para comprender la dinámica actual de resistencia frente a las mayorías oficialistas.
La ruptura del consenso y la rebelión de los aliados
La reforma promovida por Morena en 2022 -elaborada por Horacio Duarte y Pablo Gómez- marcó una ruptura significativa con la tradición democratizadora mexicana, ya que no buscó el consenso político tradicional. Esta iniciativa incluía puntos particularmente polémicos como la elección popular de consejeros del INE, el recorte sustancial al financiamiento de los partidos políticos y la implementación de un modelo único de representación proporcional.
Al no contar con la mayoría calificada necesaria, el bloque conformado por PAN, PRI y MC detuvo el avance constitucional de esta reforma, obligando al Ejecutivo federal a optar por modificaciones legales que posteriormente fueron declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia. Este escenario se complicó aún más con el llamado "Plan C" electoral, que si bien otorgó al oficialismo mayoría en la Cámara de Diputados, no logró el mismo resultado en el Senado, donde Morena tuvo que "cazar" votos de ex perredistas y hasta de un legislador panista.
El quiebre definitivo y la protección del sistema
La fractura política definitiva ocurrió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó su propia reforma electoral. Tanto el Partido Verde Ecologista de México como el Partido del Trabajo marcaron distancia estratégica para proteger el sistema de partidos y su propio financiamiento político. "¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México! Decimos no al regreso del viejo partido de Estado", sentenció el PT el pasado 1 de marzo, estableciendo una distancia histórica con su aliado principal.
Finalmente, el denominado "Plan B" de la Presidenta, cuya columna vertebral consistía en adelantar la revocación de mandato al año 2027, colapsó ante una minoría parlamentaria que, aunque pequeña en número, resultó ser el fiel de la balanza para proteger las reglas electorales vigentes y el sistema democrático mexicano en su conjunto.
