Debate intenso en Diputados por el Plan B de reforma electoral
La Cámara de Diputados se convirtió este miércoles en escenario de un intenso debate legislativo mientras Morena y sus aliados del PT y PVEM buscan aprobar el llamado Plan B de la reforma electoral. Esta iniciativa modifica artículos constitucionales que impactarán directamente en los salarios del Instituto Nacional Electoral (INE), la estructura de gobierno municipal en todo el país y la disminución de recursos públicos para los Congresos locales.
PT y PVEM respaldan la iniciativa
En las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, el Partido del Trabajo anunció su voto a favor del dictamen. El legislador petista Pedro Vázquez González señaló que este debate tiene como objetivo "acabar con los excesos en las instituciones" y representa una lucha histórica por transformar la vida pública del país.
"El PT se pone al lado de la reorientación del gasto público convencidos de que el dictamen constituye un paso importante en la construcción de un Estado más austero", afirmó Vázquez González, quien recordó que desde su fundación en 1990, su partido ha defendido la democratización del poder público y la ampliación de la participación ciudadana.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ricardo Astudillo Suárez destacó que el Plan B "nace de la calle, de las peticiones de millones de mujeres y hombres que exigen igualdad y la terminación de privilegios". El legislador enfatizó que la política debe ser más justa, cercana y congruente, una ruta que según él ha trazado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tres puntos centrales del Plan B
Astudillo Suárez destacó tres aspectos fundamentales de la propuesta:
- Paridad en todos los municipios del país para que mujeres y hombres compitan en igualdad de circunstancias.
- Reconfiguración de los Congresos locales para que representen con justicia y equilibrio a la sociedad.
- Límite salarial que impida que cualquier funcionario gane más que la Presidenta de la República.
El diputado verde ejemplificó con el caso de Querétaro, estado gobernado por el PAN, cuyo Congreso tiene un presupuesto de 60 mil millones de pesos. La disminución del 0.70% propuesta representaría 450 millones de pesos, mientras que actualmente el Congreso queretano ejerce sólo 420 millones.
Férrea oposición del PAN
Desde la bancada del Partido Acción Nacional, la diputada Rocío González exigió retirar el dictamen argumentando que la reforma debió pasar por la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal para conocer la opinión de los municipios afectados.
"La minuta del Plan B dibuja claramente cómo desde el centro del país pretenden convertir a los estados y municipios en meras oficinas de trámite del gobierno federal", denunció González, quien preside la comisión de Federalismo. "Se les olvida que México es una federación".
La legisladora panista reclamó que desde 2018, estados y municipios han sufrido disminución del gasto federalizado, eliminación de fondos y ahora pretenden controlar desde el gobierno federal la organización territorial, presupuestal y política de las entidades federativas.
Respuesta de Morena y argumentos a favor
El morenista Ernesto Prieto Gallardo respondió que la mayoría no caería en provocaciones de lo que calificó como "la derecha que apoya a Donald Trump". En cambio, sostuvo que se mantiene el principio de la austeridad republicana.
"Con esta reforma constitucional damos un paso definitivo para consolidar la austeridad republicana como una política de Estado inquebrantable", afirmó el diputado, quien enfrentó críticas previas desde el INE por ser deudor alimentario.
Prieto Gallardo destacó que la reforma:
- Establece un límite máximo de 15 regidurías y una sindicatura en los cabildos municipales
- Garantiza la llegada de mujeres a espacios de poder con posiciones reales
- Impone un tope de financiamiento para los Congresos locales
- Destina los ahorros generados obligatoriamente a obras de infraestructura
"Lo más trascendente de esta medida es que los ahorros no quedarán en la opacidad", enfatizó el legislador morenista. "Esas economías se convertirán obligatoriamente en obras de infraestructura para bien común. Se dice adiós a la burocracia dorada".
El debate continúa en el pleno mientras las fuerzas políticas miden sus posiciones ante una reforma que, según sus promotores, fortalecerá la democracia mediante la austeridad y, según sus críticos, centralizará aún más el poder en el gobierno federal.
