Senado avala Plan B de Reforma Electoral mientras Revocación de Mandato enfrenta incertidumbre
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el denominado Plan B de la Reforma Electoral durante una sesión nocturna, marcando un paso significativo en la agenda legislativa. Sin embargo, la aprobación en lo particular del controvertido apartado sobre la Revocación de Mandato quedó en suspenso, generando un escenario político complejo que podría extenderse hasta la madrugada.
Votación dividida y obstáculos para la mayoría calificada
El dictamen de reforma constitucional obtuvo 87 votos a favor provenientes principalmente de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En contra se registraron 41 votos de los partidos de oposición: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
No obstante, el panorama se complicó cuando el líder parlamentario del PT, Alberto Anaya, aclaró que aunque su partido respaldaba el Plan B en lo general, rechazaría específicamente el apartado de Revocación de Mandato durante la votación en lo particular. Esta postura, sumada a la oposición unificada de otros partidos, crea un escenario donde Morena y sus aliados no alcanzarían la mayoría calificada necesaria para aprobar este numeral específico.
Detalles del conflicto sobre Revocación de Mandato
Para aprobar cualquier apartado de una reforma constitucional se requieren 86 votos de los 128 senadores, equivalentes a dos tercios de la cámara. Con la oposición del PT y la postura en contra de los demás partidos opositores, el bloque mayoritario sólo obtendría aproximadamente 81 votos, insuficientes para alcanzar el umbral constitucional.
El apartado en disputa establece que la consulta ciudadana de Revocación de Mandato podría realizarse de manera concurrente con las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027. Además, permitiría que la titular del Ejecutivo Federal realice campaña a su favor durante este proceso, un punto que ha generado fuertes críticas de la oposición.
Contenido del dictamen aprobado en lo general
El Plan B de Reforma Electoral incluye modificaciones significativas:
- Establece en el Artículo 35 Constitucional el proceso de Revocación de Mandato para 2027 o 2028
- Modifica el artículo 116 para limitar el presupuesto anual de los congresos locales al 0.70% del presupuesto estatal total
- Estipula que funcionarios electorales no podrán ganar más que la presidenta de la República
- Reduce en 15% real el presupuesto del Senado distribuido en cuatro ejercicios fiscales
- Corrige y establece disposiciones sobre paridad de género en gobiernos municipales
Posturas de la oposición y debate parlamentario
Los partidos de oposición manifestaron su rechazo al Plan B en lo general, argumentando que no aborda problemas apremiantes como la intervención del crimen organizado en procesos electorales o el uso del aparato estatal en favor de candidatos oficialistas.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló durante el debate: "En ningún lado se habla de la intervención del crimen organizado en estos procesos. No se habla tampoco del uso del aparato estatal en favor de candidatos del oficialismo".
Previamente, el Pleno había rechazado con 77 votos en contra una moción suspensiva presentada por el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri, quien solicitaba devolver el dictamen a comisiones para una revisión más detallada.
Implicaciones políticas y próximos pasos
La aprobación en lo general representa un avance significativo para la agenda legislativa del gobierno, pero la incertidumbre sobre la Revocación de Mandato deja abierta la posibilidad de negociaciones y ajustes en las próximas horas. El escenario se complica considerando que en las elecciones intermedias de 2027 se renovarán 500 diputados federales, 17 gubernaturas, la totalidad de congresos estatales y la mayoría de presidencias municipales del país.
La posibilidad de que la consulta de revocación coincida con estos comicios, sumada a la autorización para que el titular del Ejecutivo realice campaña paralela, ha generado preocupación entre los partidos opositores sobre posibles ventajas desiguales en el proceso electoral.
