Protestas en el Congreso de Sinaloa por caso de violencia política de género
Un grupo de activistas y personas cercanas a Emma Zermeño irrumpió este miércoles en la sede del Congreso de Sinaloa en Culiacán, coreando consignas como "diputada enemiga, nuestro chat no se investiga". La protesta se dirigió contra la diputada con licencia Almendra Negrete, señalada como "dato protegido 2" en el caso, quien denunció a Zermeño por violencia política de género utilizando capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp.
El origen del conflicto y las pruebas cuestionadas
La controversia surgió cuando Almendra Negrete, secretaria de Diversidad de Morena, presentó una denuncia formal contra Emma Zermeño. Como prueba principal, utilizó capturas de una conversación privada mantenida entre la activista, una funcionaria de la Secretaría de las Mujeres y otra persona identificada como Jonathan Alexis, ocurrida entre 2024 y 2025.
Inicialmente, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) desechó la denuncia. Sin embargo, el caso escaló a la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se ordenó revisarlo tras admitir las capturas como prueba potencial de violencia política de género.
La respuesta de los manifestantes y las críticas
Las activistas que protestaron en el legislativo sinaloense argumentaron que el uso de conversaciones privadas sin consentimiento viola derechos fundamentales. Acusaron a Negrete de utilizar su posición de poder para perseguir opiniones ajenas, generando un clima de censura digital. Las críticas se intensificaron tras conocerse la resolución del TEESIN que favorecía a la diputada.
La intervención del TEPJF y un posible giro
Este miércoles 18 de marzo, la Sala Superior del TEPJF revisó el caso. De manera extraoficial, se filtró el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien propone revocar las sanciones contra Emma Zermeño. Su argumento central sostiene que las conversaciones privadas están protegidas por el derecho a la intimidad y que su difusión sin autorización podría establecer un peligroso precedente de censura en el ámbito digital.
Las sanciones que enfrentaba Zermeño incluían:
- Posible censura pública
- Inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género
- Una disculpa pública dirigida a Almendra Negrete
- Indemnización por daño moral por 300 mil pesos solicitada por la diputada
Implicaciones y contexto más amplio
Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la legislación contra la violencia política de género. Organizaciones civiles han alertado que la admisión de chats privados como prueba, sin el consentimiento de los involucrados, podría abrir la puerta a nuevas formas de persecución política y vigilancia digital.
La protesta en el Congreso de Sinaloa refleja la creciente tensión en torno a estos temas, especialmente en un contexto electoral donde la violencia política contra las mujeres sigue siendo un problema grave en México. El fallo final del TEPJF podría establecer un precedente significativo para futuros casos similares en todo el país.
